Una reforma constitucional enfrenta a la Iglesia católica y académicos

La reforma al artículo 24 constitucional, relacionado con la libertad religiosa en México y que permite de forma explícita realizar cultos religiosos en público o en privado, ha causado polémica entre algunos grupos religiosos y académicos expertos en la materia.

Académicos e intelectuales ven la reforma como una “amenaza” al Estado laico, que solo privilegiaría a la Iglesia católica por el número de fieles que la profesan en el país, que asciende al 84% de la población mexicana.

La cúpula católica rechaza que los cambios les beneficien.

“Cuando se hace un cambio de ley nunca se hace en beneficio de uno solo, no se hace pensando, esto es el beneficio de la Iglesia católica, se hace en beneficio de cualquier agrupación religiosa. Evidentemente que por el tamaño, la iglesia (católica) se ve beneficiada pero igual que en su proporción cada una de las iglesias”, afirmó a CNNMéxico Carlos Aguiar Retes, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM).

Son pocas las agrupaciones religiosas que se han manifestado en contra de la reforma, más bien algunas que "se han movido al margen de la legislación de nuestro país" son las que no desean que se hagan los cambio propuestos, aseguró el también presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

"Quieren tener una ubicación no controlable como tal, y de hecho por eso se da, lo que la ley prohíbe, que ministros de culto, es decir, pastores de estas agrupaciones, sean a veces diputados, sean a veces funcionarios públicos, cuando la ley es muy clara y dice que tienen que separarse por lo menos cinco años de sus labores eclesiales", indicó.

Los diputados que aprobaron en diciembre pasado la iniciativa de reforma al artículo 24 de la Carta Magna, argumentan que las modificaciones buscan armonizar los distintos apartados con la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada el año pasado.

“La motivación principal es que el texto del artículo 24 esté acorde con estos tratados internacionales y que también todas las personas en ejercicio de su libertad de expresión, de trabajo, de asociación, también haya una garantía en nuestra Carta Magna para ejercer la libertad religiosa a plenitud”, dijo a CNNMéxico José Ricardo López Pescador, legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) autor de la primera versión de la iniciativa.

¿Una amenaza al Estado laico?

Grupos religiosos como las Iglesias Luz del Mundo y Apostólica argumentan que la iniciativa de reforma atenta contra la separación Estado–Iglesia, que existe en México desde que se promulgó la constitución de 1857.

“Lo que se pretende es anular el Estado laico, como lo demuestra el decreto que la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó”, expuso la Iglesia Luz del Mundo en un desplegado difundido el 21 de diciembre del 2011 en diarios de circulación nacional

Agregaron que tras la modificación del artículo 24, aprobada por la Cámara de Diputados haría falta la revisión de otros artículos que hablan de la laicidad.

Como son los artículos 3,5, 27 y 130 y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, pero que –según el dictamen– por "falta de condiciones", los legisladores solo concretaron los cambios al artículo 24.

Académicos como Roberto Blancarte del Colegio de México, Jorge Carpizo y Rolado Cordera de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre una decena de intelectuales y estudiosos, firmaron el pasado 1 de febrero otro desplegado en el que manifestaban su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de elaboración y aprobación de la iniciativa.

Además, señalaron que los cambios propuestos permitirían a la Iglesia católica recuperar privilegios en el campo de la educación pública y la posesión y control de los medios masivos de comunicación.

Uno de los apartados que preocupaba a los intelectuales –que fue eliminado de la versión final– es el que señalaba que el Estado debería de respetar la libertad de los padres y tutores legales para “garantizar que los hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Los firmantes pidieron frenar la aprobación de la iniciativa que actualmente se encuentra en el Senado de la República, ya que, dicen, “como está redactada puede constituirse en punta de lanza para modificar otros artículos de la Constitución que son pilares del Estado laico”.

Al respecto, López Pescador dijo que tanto los académicos como los representantes de algunas religiones “le están dando un alcance que no tiene” a la reforma.

Actualmente, el artículo 24 señala:

“Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley”.

Según la iniciativa de reforma, quedaría:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.

En el Senado de la República, aún no hay fecha para que el dictamen de la iniciativa sea votado ante el pleno.

Igual que la reforma al artículo 24 constitucional, una modificación al artículo 40 constitucional ha causado polémica. Este dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados en febrero del 2010 y turnado a la de Senadores unos días después.

En dicha iniciativa, se propuso incluir el término "laica" en la definición de la República mexicana, con el fin de reforzar la separación entre la Iglesia y el Estado.

Ante la polémica que ha provocado la reforma al artículo 24,  la mesa directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por José Guadalupe Acosta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), han convocado —sin dar una fecha concreta— a la realización de foros para discutir los posibles cambios al artículo 24 constitucional.