El Estado mexicano pide disculpas a una indígena violada de Guerrero
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió este martes una disculpa pública en nombre del Estado mexicano a la indígena guerrerense Inés Fernández Ortega, quien fue abusada sexualmente por militares en 2002.
“En mi carácter de secretario de Gobernación y en nombre del Estado mexicano le ofrezco las más sentidas y sinceras disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron lesionados sus derechos”, dijo Poiré a Fernández en un acto en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región de la Costa Chica de Guerrero.
Al evento de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano también asistieron el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y la procuradora general Marisela Morales, además del director de Derechos Humanos del Ejército mexicano, Rafael Cáceres Ayala.
La disculpa del gobierno ocurre casi dos años después de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH), en la que se determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la “violencia institucional castrense” contra Inés Fernández.
El fallo también instó al Estado mexicano a revisar el hecho y la conducta del ministerio público que dificultó la presentación de una demanda de Fernández, tras el hecho. En el caso se cometió una doble victimización por negligencia y discriminación, reconoció Poiré.
Marisela Morales anunció la atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), en una investigación que tendrá “perspectivas de género y de etnia”, a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
“Como funcionaria mexicana, mujer y madre, entiendo el significado del agravio y externo mi repudio”, dijo Morales.
Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre condenó el abuso contra una mujer indígena y pobre, y pidió no permanecer “sordos ni ciegos” ante las demandas de los indígenas en la región.
“No hay acto más cobarde que dar un trato así a las personas que sufren algún grado de vulnerabilidad”, afirmó Aguirre.
En su participación en el acto, Inés Fernández atribuyó a su pobreza y a su ignorancia los abusos cometidos por los soldados mexicanos, y responsabilizó a los tres niveles de gobiernos por las carencias en las comunidades de la región. Luego condicionó las disculpas ofrecidas a la entrega de apoyos.
“Las autoridades, aunque se encuentren a tu lado y aunque digan que lo van a cumplir, no lo van a hacer”, dijo Fernández, sentada a un costado de Alejandro Poiré. “Nosotros solo pedimos obras, educación”, dijo.
Al término del acto, los representantes de los gobiernos firmaron un acuerdo para construir un centro comunitario en la región.
Hace 10 años, Inés Fernández se encontraba con sus hijos en la cocina de su casa, en el poblado de Barranca Tecoani, localidad de Ayutla, cuando 11 militares llegaron al lugar. Tres de ellos entraron a la cocina y la interrogaron, pero Inés solo habla lengua tlapaneca.
Tras no responder, Inés fue violada por un militar frente a sus hijos y su esposo.
Desde 2000, Inés y su esposo pertenecen a la Organización para el Futuro del Pueblo Me'phaa (OPIM) en la cual se dedica a la promoción de los derechos de la mujer y contra la violencia de género.
La OPIM y otras agrupaciones de Derechos Humanos presentaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue en agosto de 2010 que se determinaron las graves violaciones cometidas en su contra por parte del Estado mexicano.
El caso Inés Fernández es el último de una serie de violaciones a los derechos humanos contra indígenas en los que el Estado mexicano se ha visto obligado a pedir disculpas por mandatos de instancias internacionales.
En diciembre pasado, Alejandro Poiré presidió otro acto de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones contra Valentina Rosendo Cantú , quien, de forma similar a Inés Fernández, fue violada tumultuariamente y después le fueron negadas la asistencia médica y la protección legal.
En noviembre, y también en el estado de Guerrero, el Estado aceptó su responsabilidad por la desaparición forzada del activista y líder comunitario Rosendo Radilla , quien fue desaparecido por fuerzas militares en 1974, en el contexto de la Guerra sucia, en que el gobierno mexicano persiguió movimientos sociales.
Los indígenas tlapanecos, me’phaa en su lengua, han denunciado a través de organizaciones sociales abusos de militares contra su comunidad, entre los que se incluyen asesinatos, robos, encarcelamientos injustificados y castración contra los hombres de la comunidad.
Con información de Laura Reyes Maciel