La ONU registra desapariciones forzadas a manos del Estado mexicano
Un grupo investigador denunció este lunes la participación de fuerzas del Estado en desapariciones forzadas en México, durante la entrega formal de un informe sobre el tema ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, realizado tras una visita de trabajo a México en marzo del año pasado , se afirmó que hay evidencia “concreta, detallada y verosímil” de casos de desapariciones donde intervinieron directa o indirectamente las autoridades.
México registra desde el 2006 un aumento en la violencia derivada de la lucha entre cárteles de la droga —que se disputan las rutas de trasiego a Estados Unidos—, y las fuerzas del orden.
“Un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado. Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente”, se aseguró en el informe publicado el 20 de diciembre pasado .
Aunque el grupo de trabajo recordó que los cárteles extendieron sus actividades ilícitas a la trata de personas, los secuestros y la extorsión, y reconoció los esfuerzos del gobierno mexicano “para abordar esta compleja situación”, aseguró que documentó casos de desapariciones “llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”.
El grupo está formado por el sudafricano Jeremy Sarkin, el francés Olivier de Frouville, el libanés Osman El Hajjé, la bosnia Jasminka Dzumhur, y el argentino Ariel Dulitzky, todos ellos expertos en materia jurídica y de protección de derechos humanos.
El grupo visitó México entre el 18 y el 31 de marzo y sostuvo más de 25 reuniones con funcionarios de los estados de Chihuahua, Coahuila y Guerrero, según un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Durante su estancia en el país, el grupo recibió reportes de grupos civiles de 3,000 casos de desapariciones desde el 2006, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que pasaron de cuatro quejas recibidas en 2006 a 77 en 2010.
En respuesta, el gobierno mexicano urgió en abril pasado al grupo a revisar las cifras de desaparecidos , las cuales consideró alejadas de la realidad.
La violencia derivada de la lucha entre cárteles ha dejado casi 50,000 muertos desde que el presidente Calderón lanzó en 2006 la llamada Estrategia Nacional de Seguridad.
En marzo pasado, el mismo grupo recomendó al gobierno mexicano retirar a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad , debido al alto número de denuncias por presuntos abusos.
El grupo argumentó que el personal militar no está entrenado para realizar actividades propias de la policía o interactuar con civiles. En respuesta, la Segob argumentó que el despliegue fue necesario debido al recrudecimiento de la violencia.