Exfuncionarios de Coahuila cobraban hasta 600,000 por proteger a ‘zetas’
Once exfuncionarios de Coahuila presuntamente cobraban entre 30,000 y 600,000 pesos al mes por proteger a integrantes del grupo criminal Los Zetas, informó este domingo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
La red de protección de Los Zetas incluía desde un exjefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI), hasta el exsubdirector regional de la Fiscalía General de Coahuila, además de policías.
Entre sus funciones estaba dar aviso a Los Zetas sobre operativos en carreteras hasta desviar las investigaciones para que, en caso de ser detenidos, salieran libres, informó el titular de la SIEDO, Cuitláhuac Salinas en rueda de prensa.
Los 11 exservidores públicos están acusados de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
Cuatro están detenidos, otros cuatro están arraigados, y tres más están prófugos; la SIEDO ofrece hasta tres millones de pesos por datos que lleven a su captura.
Uno de los prófugos es el exjefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Coahuila, Enrique González Nava, quien repartía la nómina entre sus empleados para que dejaran a Los Zetas traficar drogas libremente o cometer homicidios. Su pago era de 600,000 pesos mensuales.
Humberto Torres Charles, exempleado de la Secretaría de Salud de Coahuila, también está prófugo. Él ayudaba a desviar las investigaciones de la Fiscalía General del Estado para que éstas resultaran a favor de integrantes de Los Zetas, a cambio de 300,000 pesos mensuales.
El policía federal José Luis Valbuena Flores, el tercer prófugo, ponía sobre aviso a los criminales sobre los lugares donde habría operativos. También ayudaba a mantener las carreteras sin revisiones, lo que permitía trasladar droga, armas y dinero. Por este trabajo recibía un sueldo mensual de 70,000 pesos.
La SIEDO ofrece hasta tres millones de pesos por datos que lleven a su captura.
Los detenidos
Entre los cuatro exfuncionarios detenidos está el exsubidirector regional de la Fiscalía General de Coahuila, Sergio Tobias Salas. Su función consistía en organizar operativos en Piedras Negras, Ciudad Acuña, Moncloa, Torreón y Saltillo para transportar drogas. Él recibía entre 100,000 y 150,000 pesos mensuales que repartía en la institución a su cargo.
Otro de los detenidos es el exdirector de Seguridad Pública de Ramos Arizpe, Manuel Jesús Cicero Salar, quien colocaba retenes en los que revisaban vehículos de bandos contrarios a Los Zetas para evitar que operaran en la zona. Por este trabajo recibía un pago de 500,000 pesos mensuales.
El exagente de la Policía Ministerial de Coahuila, adscrito al palacio de gobierno de Saltillo, Julio César Ruiz Esquivel, recibía entre 30,000 y 50,000 pesos mensuales por informar sobre movimientos al interior de la policía estatal que pudieran interesar al grupo criminal. Él también está detenido.
La cuarta detenida es la exencargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales, en Saltillo, Claudia González López , quien presuntamente recibía 100,000 pesos mensuales por modificar los hechos para que cuando un zeta fuera detenido se le imputaran solo delitos leves y pudiera salir bajo fianza.
Los funcionarios arraigados son dos policías investigadores, un policía estatal y un policía federal ministerial.
La SIEDO cateó 11 domicilios, nueve en Saltillo, Coahuila, y dos en Monterrey, como parte de las investigaciones contra los exfuncionarios.
La investigación contra funcionarios de Coahuila comenzó luego de la captura de presuntos colaboradores de Los Zetas en marzo de 2011, quienes supuestamente declararon que un grupo de servidores públicos colaboraban con la organización criminal.
Los Zetas son autores del 52% de los secuestros en los que participa el crimen organizado, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública.
Coahuila es escenario de una disputa entre el cártel del Golfo y el grupo delictivo Los Zetas. Ambos buscan controlar las rutas de ingreso de drogas a Estados Unidos.