Del 'spot' al señalamiento de errores, la nueva "guerra sucia" electoral

Los señalamientos de errores entre los actores políticos y las denuncias de supuestos vínculos con el crimen organizado o en otros delitos, se han convertido en la "guerra sucia" del proceso electoral actual, aseguran analistas.

Aprovechando los vacíos que quedaron en la reforma electoral de 2007-2008 que prohibió la injuria en spots de radio y televisión, los partidos políticos han optado por hacer de las expresiones de descalificación una estrategia de desgaste de sus adversarios.

“El infundio tiene esta función de descalificar y desgastar la imagen de un candidato presidencial o de otros personajes que estén vinculados a un tipo de actividad que finalmente tiene relación con el proceso electoral en desarrollo y que busca que no tengamos el mejor referente hacia un partido o candidato particular el día de la elección. Eso es guerra sucia”, dijo María del Pilar Hernández Martínez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El artículo 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), prohíbe la difusión de propaganda política o electoral “que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.

La autoridad electoral solo puede multar por expresiones vinculadas a “guerra sucia” a aquellas que se den en medios de comunicación, aseguró Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).

“Solo en la propaganda de los partidos políticos está restringido, todo lo demás es libertad de expresión (...) en cualquier otro tipo de manifestación distinta a la propaganda de los partidos políticos, el IFE no tiene facultades ni para ejercer censura ni para sancionar”, dijo Valdés a CNNMéxico.

En el último mes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha acusado al Partido Acción Nacional (PAN) de liderar gobiernos de “muerte y miedo”. También señaló que una de sus militantes -María Luisa Calderón, hermana del presidente-, desvió dinero público para su campaña en Michoacán.

El PAN, además de acusar al PRI de censura durante sus administraciones, ha exigido que se investigue a exgobernadores priistas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

En la legislación actual debería estar estipulado cómo sancionar "cualquier distorsión de la imagen de los actores involucrados en un proceso político, particularmente interesados en el ejercicio del poder”, dijo Hernández Martínez, experta en derecho electoral.

La investigadora dice que hay una alerta para las próximas campañas electorales, pues la opinión pública no sabe hasta qué punto el IFE, el Tribunal Electoral o la Procuraduría General de la República (PGR), cuentan con los elementos para investigar y evitar que el proceso se vicie con acusaciones que no deriven en investigaciones serias, imputaciones penales o declaratorias de inocencia.

“Hasta ahora solo son expresiones. En lugar de esclarecer un ambiente, y darnos confianza institucional en este proceso electoral, lo enrarece, se convierte un proceso de imputaciones que pueden ser completamente falaces”, dijo.

La reforma a la ley electoral

Después de las tensiones de 2006, entre 2007 y 2008 los principales partidos acordaron aprobar una reforma electoral que buscaba evitar situaciones anteriores. Uno de sus puntos fue nombrar nuevos consejeros del IFE, dado que era necesario sustituir a los integrantes del árbitro electoral porque los de entonces ya no contaban con la confianza de todas las fuerzas políticas.

La reforma buscó devolver la credibilidad en las instituciones tras las dudas que dejó en un sector de la población el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó el triunfo del candidato panista, Felipe Calderón sobre el aspirante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, dijo al analista político José Fernández Santillán.

En 2006, el equipo del perredista y de la coalición Por el bien de todos, aseguraron que se orquestó un fraude con el que “les robaron la Presidencia”. Uno de los argumentos es que hubo "guerra sucia" o una campaña de desprestigio en radio y televisión con la que se denigró su imagen y se permitió que intervinieran actores ajenos al proceso.

Al no estar regulados, los partidos políticos y algunos grupos empresariales compraron propaganda en radio y televisión para denostar al adversario político.

El Consejo Coordinador Empresarial, publicó spots en los que aseguraba que “apostarle a algo distinto es retroceder”.

El PAN señaló directamente al aspirante del PRD: “Ante los problemas, López Obrador sencillamente, se esconde” o “López Obrador solo sabe endeudarnos”, e incluso imitaba su voz en su propaganda.

La coalición Por el bien de todos, de izquierda, también se refirió en los spots a los gobiernos del pasado del PRI y a cómo el cambio que ofreció el PAN con Vicente Fox había fracasado.

Según el dictamen de la Cámara de Diputados con el que se aprobó la reforma electoral, el objetivo de la norma era “terminar con el sistema de competencia electoral basado en el poder del dinero en su utilización para pagar costosas e inútiles campañas de propaganda fundadas en la ofensa, la diatriba y el ataque al adversario”.

A pesar de las pruebas, el Tribunal Electoral indicó en su fallo final de hace seis años que no había medios para señalar que la propaganda negativa influyera en la contienda.

Lorenzo Córdova, actual consejero electoral, escribió en 2009 que la reforma fue pensada en función de legislar que las estrategias de los partidos políticos no estuvieran centradas en una “abierta descalificación de sus adversarios”.

“En el 2006, las campañas de denigración se convirtieron, de manera inédita, en el eje principal de las estrategias políticas de cara a la elección. Este hecho colocó a las autoridades electorales en el delicado papel de tener que interpretar constantemente si los límites legales se estaban violando o no (…)”, escribió Córdova.

Actualmente, los aspirantes presidenciales están en intercampañas, es decir, en el periodo de veda electoral que también se implementó con la reforma de 2007 y que les prohíbe a los candidatos hacer actos proselitistas o llamar al voto antes de las campañas, que iniciarán el próximo 30 de marzo.

“Lo ocurrido en 2006, las descalificaciones en propaganda fueron contundentes para la reforma electoral (…) aunque los mismos partidos políticos en búsqueda de ejercer el poder, encuentran huecos para denostar y agravar la imagen de su adversario”, dijo la investigadora María del Pilar Hernández Martínez.

Este año será la primera vez que se ponga a prueba la ley electoral reformada en 2007 para una elección presidencial y para renovar a los integrantes del Congreso de la Unión.

Otras modificaciones a la ley que se aplicarán es que el IFE es la única instancia con facultades para contratar espacio en medios electrónicos y según el artículo 65, sólo habrá dos debates entre los candidatos presidenciales, organizados por la autoridad electoral.