ONU pide investigar tortura de presunto culpable de matanza en Cd. Juárez
La reforma constitucional en materia de derechos humanos “será letra muerta” si las autoridades mexicanas no ponen fin a prácticas como la tortura, consideró Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hernández visitó este jueves a Israel Arzate Meléndez, quien se encuentra encarcelado tras haber sido señalado como uno de los participantes en la masacre de Villas de Salvárcar , en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que fueron asesinadas 15 personas.
El caso de Arzate ha llamado la atención del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y de algunas organizaciones de defensa de derechos humanos, ya que se ha documentado que fue obligado a declararse culpable , a través de maltratos y abusos físicos que sufrió a manos de elementos militares.
Tras conocer esta situación, el pasado 29 de febrero, el grupo de trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria demandó a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Arzate.
“El grupo de trabajo le solicitó al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos que efectúe una investigación exhaustiva, independiente e imparcial de las denuncias de torturas y que disponga la libertad inmediata del Sr. Arzate Meléndez”, según un comunicado difundido este jueves por la ONU tras la visita de Hernández a Ciudad Juárez.
Arzate fue detenido por elementos del Ejército en Ciudad Juárez a principios de febrero del 2010, según la ONU.
Tras su detención, Arzate fue presentado ante los medios de comunicación como uno de los autores de la masacre de Villas de Salvárcar ocurrida el 30 de enero de 2010 y que resultó en la muerte de 15 jóvenes.
En la recomendación 49/2011 del 30 de agosto del 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) explicó que en los dos reconocimientos médicos que le realizaron a Arzate, se pudo constatar que había sido “víctima de torturas infligidas por elementos militares y que estas tuvieron como finalidad que confesara su posible participación en los hechos ocurridos el 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvárcar”.
La CNDH agregó que los elementos del Ejército y de la Procuraduría del estado de Chihuahua “vulneraron en perjuicio de la víctima los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica, por hechos violatorios consistentes en retención ilegal, incomunicación, tortura y empleo arbitrario de la fuerza”.
En conferencia de prensa, Hernández dijo que el de Arzate es un caso preocupante que merece la atención tanto de las autoridades como de la ciudadanía.
“Si la tortura sigue siendo aplicada por los responsables de brindar seguridad, si confesiones extraídas por este medio siguen siendo usadas y aceptadas como evidencia en los juicios, si los funcionarios encargados de la procuración de justicia se mantienen inertes frente a las denuncias de los torturados, si no se previene, investiga y sanciona la tortura, entonces la reforma constitucional será letra muerta”, señaló.