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Calderón promete acabar con la sobrepoblación en las prisiones

El presidente dijo que en diciembre del 2012 el gobierno se hará cargo por primera vez de todos los reos federales
lun 19 marzo 2012 12:11 PM
penal en nayarit
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El presidente Felipe Calderón pidió a los otros poderes del gobierno hacer su parte para ofrecer justicia a las víctimas de delitos en México, al supervisar la construcción de un penal de máxima seguridad en Papantla, Veracruz.

“Justicia implica la obligación elemental de que quien cometa un delito sea verdaderamente juzgado y castigado, y que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape nuevamente la impunidad”, dijo.

Calderón pidió justicia para los padres que han perdido a sus hijos, para los hijos que no volvieron a ver a sus padres secuestrados o asesinados, para las viudas, y para quienes sufren extorsión y violencia.

Explicó qué parte de responsabilidad le corresponde a cada poder para ofrecer justicia. Dijo que al Ejecutivo le corresponde cumplir y hacer cumplir la ley, garantizar la seguridad y gestionar el bien común, para lo que deben seguir las leyes que aprueba el Poder Legislativo o las resoluciones que surgen del Poder Judicial.

El Poder Legislativo debe reformar y perfeccionar el marco jurídico, por lo que llamó a aprobar leyes pendientes como la de Seguridad Nacional, de cadenas delictivas, de extinción de dominio y de lavado de dinero.

Sobrepoblación de reos.

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El problema de sobrepoblación de reos federales en prisiones estatales quedará solucionado antes de diciembre del 2012, aseguró Calderón.

“Por primera vez en la historia moderna de México, el gobierno federal tendrá bajo sus custodia a todos los reos federales”, dijo.

Su gobierno recibió seis penales y 3,000 reos, de los cuales 1,200 eran del fuero común. Actualmente atiende a 18,500 sentenciados federales y al terminar el sexenio tendrá bajo su cargo a 35,000, y entregará 22 penales.

El anunció de Calderón ocurre tras varios incidentes en cárceles estatales, entre los que destaca  la fuga de 37 reos del grupo criminal Los Zetas con la ayuda de funcionarios  y el asesinato de 44 internos como estrategia para distraer la atención.

El propio presidente reconoció que en los últimos meses cientos de reos se han fugados de cárceles estatales, pero dijo que durante su gobierno no se ha fugado ni ha muerto ningún reo en prisiones federales.

Una queja constante de los gobiernos estatales ha sido que deben hacerse cargo de presos por delitos federales, muchos de ellos de alta peligrosidad, que terminan conviviendo con reos estatales.

 “Las cárceles se convirtieron en escuelas del crimen” donde se formaban y funcionaban redes de criminales, detalló.

El penal de Papantla que Calderón supervisó este lunes está al 90% de su construcción, y contará con un módulo de máxima seguridad y otro de “supermáxima” seguridad, donde serán recluidos los reos más peligrosos o violentos.

Habrá una persona por celda, estarán encerrados la mayor parte del día, y no tendrán contacto con otros presos ni custodios excepto cuando hagan actividades físicas. Además, serán vigilados a través de un sistema de video que enviará la señal al Comando Central de la Policía Federal en la Ciudad de México.

La idea es que no puedan tejer redes de complicidad con otros internos o personas fuera del penal, según Calderón, quien adelantó que otros ocho penales federales que están a punto de ser concluidos y que las Islas Marías incrementaron su capacidad al pasar de atender a 2,000 a 8,000 presos, entre el 2006 y el 2011.

Organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras han llamado la atención sobre las condiciones precarias de las cárceles en México.

La más reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema indicaba que  el sistema penitenciario mexicano no cumple con los estándares que garantizan una estancia digna y segura en reclusión . Entre el 2000 y el 2010 el índice de sobrepoblación fue de 23%, según el reporte.

En todo el sistema penitenciario del país hay 230,943 reos, de los cuales 47,816 son del fuero federal, aunque solo 18,263 se encuentran bajo resguardo de autoridades federales y el resto convive en centro de reclusión estatal, de acuerdo con cifras del gobierno.

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