Gobierno de Guerrero, responsable de muertes en Ayotzinapa: CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó este martes que existió responsabilidad del exprocurador y del exdirector de la Policía Ministerial de Guerrero en la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa en diciembre pasado.
El exprocurador Alberto López Rosas y el exdirector policial Antonio Valenzuela Valdéz, además de otros funcionarios de seguridad y procuración de justicia de Guerrero, incurrieron en “falta de diligencia” en el control de la situación, según los resultados de la investigación hecha por la CNDH presentados este martes por su presidente, Raúl Plascencia.
“Ante el desorden generalizado, los funcionarios fueron omisos y negligentes para encabezar una discusión pacífica y evitar que la manifestación se tornara violenta”, dijo el titular de la CNDH, quien expresó su profunda indignación ante la indolencia de las autoridades.
Plascencia anunció 30 recomendaciones sobre el caso Ayotzinapa, dirigidas al gobierno y al Congreso de Guerrero, además del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. En ellas, la CNDH pide indemnización y atención a las víctimas , una disculpa institucional del Estado de Guerrero y garantías para que no se repitan hechos similares.
CNNMéxico buscó una respuesta del gobierno de Guerrero, pero funcionarios de comunicación respondieron que aún no existe un posicionamiento oficial.
En el incidente, ocurrido el 12 de diciembre de 2011, las fuerzas de seguridad estatales dispararon en un operativo para contener a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, quienes se manifestaban por mejores oportunidades educativas.
En la agresión murieron los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino, de 22 años, y Gabriel Echeverría de Jesús, de 21, además de un empleado de una gasolinera cercana, quien resultó letalmente herido al intentar apagar una de las bombas que ardía.
El exprocurador Alberto López Rosas recibió formal prisión la semana pasada por supuestamente obstaculizar, desviar y encubrir la investigación sobre la actuación policial en el operativo.
Según la investigación de la CNDH, los agentes estatales cometieron homicidio, tortura e imputación indebida, que violaron los derechos de reunión y manifestación pacífica de los normalistas.
Las violaciones a los derechos humanos correspondieron en primer orden a los policías, pero “la responsabilidad por acciones y omisiones consistentes en la tolerancia y anuencia y violación del deber de cuidado” implicaron la responsabilidad del procurador y el director de la Policía Ministerial, afirmó Plascencia.
Las autoridades cometieron omisiones que hicieron posible los policías ministeriales se presentaran armados a la contención de la manifestación pacífica, un función para lo que no están autorizados ni preparados, según la CNDH.
Otras omisiones llevaron a la falta de atención a los tres estudiantes heridos y a abusos de 42 personas detenidas “que fueron objeto de lesiones, tratos crueles e indignos”, detalló Plascencia.
Las autoridades también permitieron faltas a la verdad, aseguró la CNDH tras confirmar que un video sobre los hechos entregado por la procuraduría local fue editado “con el objetivo de que la verdad no se cometiera plenamente”.