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Derechos Humanos de Chiapas emite recomendación contra exgobernador

El Consejo Estatal pidió a la Procuraduría buscar que Salazar Mendiguchía sea procesado por homicidio doloso y no culposo
jue 29 marzo 2012 04:11 PM
Pablo Salazar Mendiguchía
Pablo Salazar Mendiguchía Pablo Salazar Mendiguchía

El Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) emitió una recomendación a la Procuraduría estatal para que el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía sea procesado por homicidio doloso, en el caso de los recién nacidos que murieron en un hospital público ubicado en el municipio de Comitán.

Salazar está preso desde hace 10 meses y enfrenta siete procesos penales  por delitos que van desde homicidio doloso hasta defraudación  y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante los cuales ha ganado tres amparos.

La recomendación del Consejo está relacionada con los casos de cuatro de los 35 recién nacidos fallecidos entre diciembre de 2002 y enero de 2003, cuando Pablo Salazar era gobernador de Chiapas.

De acuerdo con el CEDH, los padres de 18 de los 35 fallecidos le pidieron intervenir. Derivado de ello, la recomendación también contempla extender la investigación hasta abarcar las causas que llevaron a la muerte de todos los bebés.

Ilan Katz Mayo, abogado de Salazar Mendiguchía, desestimó la postura del Consejo, pues dijo que un juez había desechado el cargo por homicidio doloso.

"La petición del Consejo es una postura absurda", dijo a CNNMéxico. "Tal vez quieren contrarrestar los esfuerzos de la CNDH que está viendo el caso; o avalando la participación de a Procuraduria".

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Katz Mayo ofreció un análisis más amplio una vez que haya estudiado a fondo el documento.

Los menores fallecieron por la supuesta falta de medicamentos e insumos en el hospital donde fueron atendidos, un hecho que las autoridades atribuyen a la administración del exgobernador. 

Salazar Mendiguchía había ganado un amparo en el cual un juez determinó que el delito era homicidio culposo, es decir, que no se atendió con diligencia la emergencia que llevó a la muerte de los recién nacidos.

En su resolución, el juez estableció que el delito habia prescribió, ya que su tiempo de vigencia es de aproximadamente cinco años. Ante esto, el juez declaró sin fundamento el proceso jurídico y ordenó a la Procuraduría estatal revisar el caso. 

Pedro Raúl López Hernández, integrante del Consejo, explicó en entrevista con CNNMéxico que la petición de este organismo —que reabrió el caso después de 10 años— a la Procuraduría estatal también debe incluir en el proceso judicial al exsecretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo.

Además, en la recomendación número 04/2012-R emitida el 28 de marzo, el CEDH pide también abrir una investigación al personal de la Procuraduría estatal que exoneró en 2004 a los empleados médicos implicados y ordenó archivar los expedientes.

Esto, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que no hubo responsabilidad del personal de salud en el caso, de acuerdo con la recomendación 24/2004.

En la reciente recomendación, el Consejo Estatal también solicitó al gobierno "indemnizar, reparar los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas, y analizar la posibilidad de ofrecer una disculpa pública por las violaciones a sus derechos humanos; así como proporcionarles atención médica y psicológica".

El abogado de Salazar Mendiguchía dijo que la Procuraduría ha dosificado la acción penal procesándolo primero por la muerte de un bebé y luego por más casos, "porque lo que quiere es mantenerlo en la cárcel".

"Lo que se observa es un golpe mediático para minimizar cualquier recomendación o pronunciamiento que pueda emitir la CNDH, quien a solicitud del Senado de la República, inició una investigación ante las denuncias de que se está violando el derecho a un juicio justo", dijo a CNNMéxico.

El exgobernador, en tanto, ha argumentado que jurídicamente toda la conducta del estado ha sido para excluirlo de la vida política. También denunció dolo en estas acciones judiciales, derivado de diferencias políticas con el actual gobernador, Juan Sabines Guerrero.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación a fin de verificar que no se viole el derecho de Salazar a un juicio justo, mientras que una comisión de senadores del Partido de la Revolución Democrática visitó al exgobernador para atender su llamado a observar su caso.

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