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Comunidades evangélicas piden respeto a la libertad de culto en Chiapas

Indígenas tzotziles denuncian haber sido objeto de despojo por practicar una religión distinta a la católica y pidieron apoyo al gobierno
mar 03 abril 2012 05:44 PM
Indígenas tsotsiles Evangélicos en Chiapas
Indígenas tsotsiles Evangélicos en Chiapas Indígenas tsotsiles Evangélicos en Chiapas

Sin agua, sin tierras y sin un lugar donde enterrar a sus muertos. Así viven al menos 50 familias de indígenas tzotziles del municipio Venustiano Carranza, en el suroeste de Chiapas.

Desde 2009 a la fecha han ido disminuyendo los derechos de estos indígenas ejidatarios de la comunidad Matamoros. ¿El motivo? Profesar una religión distinta a la católica.

El nieto de Ricarda de León Méndez murió en agosto de 2009, a causa de una enfermedad. Su hijo, el padre del menor, avisó a las autoridades del poblado que iba a enterrar los restos en el panteón de la localidad, que se encuentra dentro de las zonas comunes de los terrenos ejidales.

“Le dijeron que no, que el panteón sólo era para los católicos, y nosotros, como somos de la Iglesia Pentecostés, no teníamos derechos. Mi hijo insistió pero le negaron la autorización. Pasaron tres días y el cuerpo se iba descomponiendo. Lo íbamos a enterrar en la casa, pero nos dijeron que eso era un delito, así que lo fuimos a dejar al panteón de Teopisca (un municipio cercano a su comunidad)”, narró la anciana a CNNMéxico, entrevistada en esta capital.

El pasado viernes 30 de marzo, los "católicos tradicionalistas" de su comunidad despojaron de sus tierras a las poco más de 50 familias evangélicas que ahí habitan. Ricarda y otro grupo de cristianos evangélicos llegaron a la sede del gobierno estatal de Chiapas, para solicitar auxilio, por tercera ocasión en los últimos cuatro años.

El Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer que inició una queja de oficio. El organismo pide a la Subsecretaria de Asuntos Religiosos informe del caso y determinar la implementación de medidas cautelares a favor de las familias amenazadas.

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El porcentaje de población católica en México ha disminuido en los últimos 30 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 1985 el 99.1% de la población en México se declaró católico. En 2010 la cifra fue del 83.9%.

Chiapas es la entidad con mayor número de población no católica. En el 2005 el 36.2% de los habitantes de esta entidad declararon tener una religión distinta a la católica. Cinco años después, en el 2010, la cifra bajó a 41.7%. Quienes han abandonado el catolicismo, en su mayoría refirieron pertenecer a una religión “Protestante o Evangélica”, de acuerdo con el INEGI.

Esdras Alonso, uno de los principales ministros de culto evangélicos, y líder de la Iglesia llamada Alas del Águila, explicó que esta reconversión religiosa vino aparejada de “acciones de intolerancia”, principalmente en las comunidades indígenas. Ello trajo consigo la expulsión de más de 30,000 evangélicos, en su mayoría durante la década de 1990.

Jorge Alberto Gutiérrez Anta, presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Chiapas, considera que las expulsiones se dieron porque los grupos de poder en las comunidades perdieron la influencia basada en los cargos religiosos y el manejo de recursos para las festividades, “y la única alternativa para mantener el control, era la expulsión”.

Para Esdras Alonso y Gutiérrez Anta, el número de familias expulsadas y afectadas por la intolerancia religiosa ha disminuido en los últimos años, hasta convertirse ahora en “hechos aislados”.

A través de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, el gobierno de Chiapas refirió en un informe de finales del 2011 que muchos conflictos sociales que se han planteado como religiosos, en el fondo son derivados de otros desacuerdos, como la disputa por la tierra.

Para 2011, esta instancia oficial tenía registrados 42 controversias donde están involucradas personas de varias religiones y seis disputas más consideradas como “conflictos religiosos como tal”.

Óscar Moha, vocero de la organización evangélica llamada La voz de los Mártires, difiere de estas apreciaciones y sostiene que actualmente en Chiapas hay al menos 50 conflictos religiosos graves, como el caso que se vive en la comunidad Matamoros.

“El 12 marzo pasado, las autoridades ejidales nos citaron a los evangélicos y nos dijeron: ‘escojan, quieren ejercer su religión, entonces renuncien a sus terrenos’. No cedimos a la amenaza. El 18 marzo, en una nueva asamblea se acordó ya el despojo de nuestras tierras. Nos dieron 15 días para recoger el ganado y los alambrados. Nuevamente no cedimos porque creemos que no estamos violando ninguna ley, por lo que el viernes 30 empezó el despojo. Desde ese día nos empezaron a quitar los terrenos y a  robar el ganado”, explicó Rigoberto Díaz Díaz, uno de los evangélicos afectados.

El indígena tzotzil explica que en el 2009, con la intervención de las autoridades estatales, hicieron un pacto con los católicos tradicionalistas y aceptaron cooperar con las celebraciones religiosas, “solo para que no nos maltrataran”. Sin embargo, este año los evangélicos empezaron a construir un templo, lo que desencadenó nuevamente las agresiones en su contra.

“Ya no podemos salir del poblado porque nos amenazan, nos ofenden cuando vamos por las calles. A mis ocho hijos no les dejan estar en la escuela, a las mujeres no les permiten solicitar el programa Oportunidades y a los hombres no nos dan el dinero de Procampo; no nos dejan abastecernos de la toma de agua potable. Desde que recibimos la palabra de Dios ya no nos toman en cuenta en las asambleas ejidales”, explica el campesino.

Rigoberto Díaz explicó que los evangélicos del poblado Matamoros no pueden subsistir sin los recursos que obtienen del campo, por lo que volverán a ocupar sus tierras. “Nosotros tememos un enfrentamiento y no queremos que suceda eso”, explicó.

Para prevenir este escenario, los indígenas evangélicos acudieron a la capital de Chiapas para solicitar a la policía estatal vigilancia y a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos su intervención. Al salir de una reunión con estas autoridades, explicaron que la promesa de las autoridades fue intervenir a su favor y evitar una nueva agresión.

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