Las dudas por las explosiones de Guadalajara siguen 20 años después

La potente explosión levantó por los aires, destrozado, al camión urbano. Ana Lilia Ruiz Chávez, una de las pasajeras, de 59 años, no recuerda qué sucedió en ese momento. Se lo explicaron después: mientras circulaba el autobús, el colector bajo tierra estalló por la gasolina que fluía en sus entrañas desde hacía más de 24 horas. Voló todo: personas, casas, negocios, vehículos. Todo.

Ruiz Chávez perdió el conocimiento. Cuando despertó, manos solidarias la rescataban entre los escombros del drenaje. Por las lesiones le amputaron una pierna. ¿Cómo salió disparada del autobús y cayó entre los restos del colector? Hasta ahora, 20 años después, no lo sabe.

Ese día, 22 de abril de 1992, Guadalajara enfrentó la peor tragedia que haya sufrido por una explosión . Poco después de las 10 de la mañana se registraron 10 estallidos en el colector oriente de la ciudad. Uno tras otro, en minutos, sorprendieron a los vecinos del Sector Reforma, de los cuatro en los que se dividía la ciudad. El barrio más dañado fue Analco, ubicado al oriente de Guadalajara.

Las explosiones arrasaron 14 kilómetros de calles y fincas aledañas. Los daños alcanzaron 126 manzanas. Murieron 206 personas y más de 1,400 resultaron lesionadas, como Micaela Morales Gutiérrez, ama de casa de 65 años de edad, quien resultó gravemente herida y que, dos décadas más tarde, dice que camina con dolor porque en lugar de columna vertebral carga "fierros" que le colocaron en diversas intervenciones quirúrgicas.

El 21 de abril, los vecinos habían alertado a las autoridades sobre el intenso aroma a gasolina y los gases que brotaban de las alcantarillas, según testimonios recogidos en notas periodísticas. Bomberos y empleados de la dependencia que administra el agua y el drenaje comprobaron los altos niveles de explosividad. Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) también rastreaba el colector.

Luego del incidente, el 30 de abril, el entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri solicitó licencia al Congreso del Estado, que en apenas diez minutos se la autorizó. En su lugar fue designado como gobernador interino Carlos Rivera Aceves.

Ahora, Cosío Vidaurri, de 82 años de edad, trabaja como notario público y participa en el PRI.

A pesar de que damnificados, políticos —entre ellos el actual gobernador del estado, Emilio González Márquez , quien entonces era un militante recién ingresado al Partido Acción Nacional (PAN)— académicos y organizaciones ciudadanas señalaron a la paraestatal como la responsable de que miles de litros del combustible se introdujeran al drenaje, nunca fue acusada penalmente. Tampoco se comprobó legalmente la responsabilidad de alguno de sus funcionario.

Una investigación realizada ese año por la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Ignacio Morales Lechuga, exoneró a Petróleos Mexicanos (Pemex). En noviembre de 1992, en reunión con miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el fiscal declaró que no se habían encontrado elementos que le permitieran fincar responsabilidades penales ni a personal de Pemex ni a particulares.

Luego de la declaración del procurador quedaron libres bajo fianza, tras casi ocho meses de cárcel, nueve funcionarios inculpados de las explosiones, cuatro de ellos empleados de Pemex y el entonces presidente municipal de Guadalajara, Enrique Dau, quien está al frente de la Fundación Colosio de Jalisco. 

Estos funcionarios fueron acusados por homicidio imprudencial, lesiones imprudenciales, daños en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación y violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En el proceso penal a los inculpados de las explosiones se hizo referencia también a los informes de alta explosividad que tenía una de las dependencias, Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.

El gobierno federal y Pemex aportaron 331 millones de pesos que administró un patronato para pagar indemnizaciones y ayudas a 10,000 personas, según reveló en noviembre de 1993 su presidente, el exalcalde de Guadalajara, Gabriel Covarrubias.

Ese año, el patronato informó que los recursos se destinaron a indemnizaciones de fincas, vehículos, menajes de casas, contenidos de comercios con daños parciales o totales; a familiares de personas fallecidas, a lesionados por invalidez parcial o permanente; ayudas para enganches de viviendas o rentas, entre otros rubros.

¿Cómo llegó la gasolina al drenaje?

La versión de la PGR tras los peritajes fue que concurrieron "numerosos factores y no solo la rotura del poliducto Salamanca-Guadalajara"; entre esos factores, en voz de Morales Lechuga, estaban una obra del Tren Eléctrico Urbano y el "montaje inadecuado" de un tubo de agua sobre el poliducto.

20 años después, el mayor Trinidad López Rivas —en 1992 director de los bomberos tapatíos y ahora titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y de Bomberos— afirma que jamás ha conocido los resultados de las investigaciones.

En tanto, están pendientes 11 demandas de damnificados, entre las cuales piden que se incluyan a 14 personas más como lesionadas, que se indemnice a las familias de seis personas fallecidas después de 1992 a consecuencia de sus heridas, que se apoye con vivienda a 12 familias y que se coloque el monumento en memoria de las víctimas, a que se comprometió el gobernador interino Carlos Rivera Aceves, entre otros puntos.

Ana Lilia Ruiz Chávez, que como damnificada organizó a un grupo de lesionados en la asociación civil Abril en Guadalajara, dice que a 20 años de distancia aún no se les hace justicia a los heridos. "No les ha importado todo el dolor que hemos padecido", lamenta. Este domingo recordará a las víctimas de la tragedia con una misa y una caminata.