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El Pleno del Senado aprueba la Ley General de Víctimas

La ley, que ahora será enviada a los diputados, obliga al Estado a otorgar asistencia a personas afectadas por la inseguridad en el país
mié 25 abril 2012 02:41 PM
camara senadores
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El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad  la Ley General de Víctimas, la cual obliga al Estado a otorgar asistencia y protección a personas afectadas por la inseguridad o la violación de sus derechos humanos.

La nueva ley decreta que el gobierno debe garantizar a las víctimas y sus familiares el pago de hasta 500 veces el salario mínimo mensual como reparación del daño causado.

La aprobación de la ley de víctimas es el compromiso que asumió el Senado con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) en los diálogos del Castillo de Chapultepec celebrados en julio del 2011.

La minuta será turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril.

Los integrantes del MPJD que encabeza el poeta Javier Sicilia  acudieron el lunes al Senado para demandar que se aprobara el dictamen para crear la nueva ley.  Se reunieron con los presidentes del Senado, José González Morfín, y de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones.

Los senadores también aprobaron las reformas al artículo 73 de la Constitución, el cual adiciona la fracción XXIX-Q, donde se establece que los gobiernos desde el nivel municipal, estatal y federal son concurrentes en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas.

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El MPJD surgió en mayo de 2011 con el liderazgo de Javier Sicilia para protestar contra la violencia derivada de enfrentamientos entre bandas criminales, luego del asesinato de su hijo junto con seis personas más cerca de Cuernavaca, Morelos, en el centro del país.

El caso despertó la indignación de la sociedad morelense, desde donde se realizó una marcha el 6 de abril de ese año hacia la capital del país.

El movimiento creció con otros ciudadanos que han perdido familiares a manos de grupos armados o en circunstancias relacionadas con el crimen organizado y  han realizado caravanas  al norte y sur del país en las que han recopilado testimonios de más víctimas.

De diciembre de 2006 a marzo de 2011 se han contabilizado  47,515 muertes derivadas de rivalidad delincuencial, según la Procuraduría General de la República.

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