Gobierno de Veracruz crea comisión especial por asesinato de periodista
El gobierno del estado de Veracruz anunció la integración de una Comisión Especial Investigadora para lograr el esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, refirió el domingo el fiscal estatal, Amadeo Flores Espinosa.
En esa Comisión participará el periodista Jorge Carrasco, de la revista Proceso, “para dar seguimiento puntual al desarrollo de la investigación”, señaló el gobierno de Veracruz, en un comunicado.
Flores Espinosa refirió que las autoridades veracruzanas solicitaron formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR), y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que colaboren en la investigación del caso.
También dijo que, “una vez practicada la necrocirugía de ley”, se confirmó el reporte preliminar en torno a que Martínez Pérez murió por asfixia, provocada por estrangulamiento.
Indignación por muerte
Comunicadores y activistas se unieron este domingo en distintas manifestaciones de repudio al homicidio de la periodista Regina Martínez, quien fue hallada muerta este sábado en su residencia en Xalapa, Veracruz, con huellas de estrangulamiento y violencia.
Un grupo de 38 periodistas de Veracruz, estado ubicado en el este de México, firmó un desplegado publicado este domingo en el diario La Jornada Veracruz, en el que expresó su indignación por la muerte de Martínez.
"Quienes suscribimos, periodistas de distintos medios de comunicación, no solo lamentamos el crimen de nuestra compañera Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, sino que estamos indignados porque es el quinto comunicador muerto desde 2010 en la entidad veracruzana", señala el comunicado dirigido al presidente Felipe Calderón, al gobernador Javier Duarte y a los procuradores de la República y de Veracruz.
Este domingo, la revista Proceso, donde trabajó Martínez como corresponsal, expresó que el asesinato es resultado de una situación de “violencia cotidiana”, en el que abonó el “ambiente de hostilidad” y el “acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones”.
“La agresión contra cualquiera de los integrantes de esta casa editorial es un atentado contra Proceso y en contra del derecho constitucional a informar”, refirió la publicación en un texto que aparece en su página web.
“No eludiremos ninguna acción hasta conseguir el esclarecimiento del crimen”, agregó.
La muerte de Martínez, confirmada la noche de este sábado por la Procuraduría General de Justicia del Estado , se suma a las muertes de Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz, Noel López Olguín y Evaristo Ortega Zárate, las cuales han sido reconocidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla el comunicado.
“Por ello es que nos preguntamos qué está pasando con nuestras instituciones y con el esclarecimiento de los crímenes, por eso exigimos justicia y la entrega de resultados”, indica.
Dos marchas de protesta fueron convocadas a través de redes sociales en la Ciudad de México y en Veracruz.
En tanto, Amnistía Internacional (AI) exigió una investigación imparcial y llevar a los responsables del crimen ante la justicia.
La organización atribuyó la muerte de la periodista a “la situación de vulnerabilidad que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos”, que intentan revertir dos proyectos de ley analizados en la Cámara baja del Congreso mexicano: la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la Ley General de Víctimas , las cuales ya fueron avaladas por el Senado.
La primera iniciativa establece la creación de un Mecanismo para que el Estado atienda su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Además de que ordena que, en caso de amenazas contra periodistas , se deberá ofrecer protección a sus familias y a las instalaciones del medio de comunicación donde labora.
En el caso de la Ley de Víctimas, su aprobación implicaría que el gobierno otorgue asistencia, protección, y pague indemnizaciones a víctimas de la violencia y sus familiares.
“En caso de que en la sesión del lunes —30 de abril— no se aprueben estos proyectos y queden aplazados a futuros periodos de sesiones, se prolongaría innecesaria e irresponsablemente la actual situación de vulnerabilidad”, señaló la organización en un comunicado.
Por otra parte, el gobernador Javier Duarte lamentó la muerte de la periodista y ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado agotar las líneas de investigación y los recursos de la ley para esclarecer el hecho, “que agravia a los veracruzanos y lastima al gremio periodístico”, informó el gobierno de Veracruz en un comunicado.
En Veracruz aumentaron 200% las agresiones contra la libertad de expresión durante el año pasado, según un informe publicado por la organización Article 19.
Con 29 casos, la entidad encabeza la lista de México con más agresiones, seguida del Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11).
La intimidación a los periodistas y la negligencia del Estado en las investigaciones han provocado una disminución en las denuncias de ataques a la libertad de expresión en México y Centroamérica, detalló Article 19.
En diciembre, un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Veracruz como uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo , junto con otras ciudades de Egipto, Libia, Siria y Costa de Marfil.
La CNDH investiga caso
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó en un comunicado que abrió una investigación de oficio sobre la muerte de la periodista.
El organismo señaló que “ve con especial preocupación” los agravios a periodistas y comunicadores, porque con esas acciones se vulnera el derecho de toda la población a estar debidamente informada.
La CNDH también refirió que desde 2000 a la fecha, sin contar el fallecimiento de Regina Martínez, contabiliza 76 homicidios de comunicadores.