El Congreso de Nuevo León señala corrupción de una tienda Walmart
Walmart abrió su sucursal más importante de Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, gracias a una serie de irregularidades por lo que ya fueron inhabilitados cinco funcionarios y ahora deberán enfrentar un proceso penal si se confirma que recibieron sobornos de la empresa, informó este jueves una fuente oficial.
“Desde marzo del 2011, el Congreso de Nuevo León exhortó al municipio de San Pedro Garza García a que revocaran las licencias y autorizaciones que permitieron abrir el supermercado Walmart de la Avenida Gómez Morín”, dijo a CNNMéxico la diputada Sonia González Quintana, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano.
El exhorto del Congreso se debió a que funcionarios de la pasada administración de San Pedro, el municipio de mayor ingreso per cápita del país, violaron leyes y reglamentos para permitir abrir dos sucursales de la cadena estadounidense, agregó la legisladora.
El Plan de Desarrollo Urbano de San Pedro prohíbe supermercados y tiendas de autoservicio en el sur de la avenida Gómez Morín, donde se instaló una sucursal de Walmart y otra de Sam's Club.
La legisladora dijo que el Plan se alteró de forma irregular por diversos funcionarios para otorgar el uso de suelo comercial mediante una fe de erratas, sin el conocimiento ni la aprobación del Cabildo, el único órgano municipal autorizado para reformar la reglamentación.
Vecinos del sector organizados en la Federación de Colonias Metropolitanas AC también se opusieron a la apertura de las sucursales porque afectaría irremediablemente el medio ambiente y la vialidad de la zona.
Los vecinos demandaron legalmente, por lo que un juez ordenó suspender la obra cuando aún estaba en etapa de construcción.
En respuesta, Walmart consiguió un amparo contra la resolución del juez que ordenó la suspensión de la construcción y promovió una demanda contra los vecinos con el fin de que se desistan de la acción judicial.
Posteriormente, la misma Contraloría Municipal resolvió que los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas a Walmart fueran modificados de manera ilegal, por lo que inhabilitó a los funcionarios que lo permitieron por cinco años para ocupar puestos públicos.
Los funcionarios inhabilitados fueron María Emilda Ortiz, quien fungió como secretaria del Ayuntamiento; el exdirector jurídico, José Humberto Sánchez; Javier Maíz, exsecretario de Desarrollo Urbano; Patricia Chapa, exdirectora de Administración y Control Urbano; y Eduardo Elías, exdirector jurídico de Desarrollo Urbano.
“En su momento se rumoró que los funcionarios recibieron alrededor de dos millones de dólares”, dijo la diputada Sonia González, quien anteriormente se desempeñó como titular de la Comisión de Desarrollo Urbano del municipio de San Pedro.
Mencionó que la Federación de Colonias Metropolitanas AC tiene una demanda penal contra estos funcionarios, quienes ahora deberán presentarse ante el Ministerio Público para deslindar si recibieron sobornos de Walmart, como recientemente denunció el periódico estadounidense The New York Times .
La Secretaría de la Función Pública del gobierno federal informó a CNNMéxico que ya tiene abierta una investigación sobre este caso.
Anteriormente, Javier Maíz y su familia, ya han sido involucrados en otros casos de corrupción relacionados con obras públicas.
La familia Maíz, encabezada por José Maíz García, dueño de una constructora, incurrió en actos ilegales de obra pública durante el pasado gobierno estatal de Natividad González Parás, ya que la ley les prohibía participar debido a que tenían familiares en la administración estatal.
Además, Martha Maíz de Zuazua denunció en una carta pública que su hermano José, quien ahora es candidato a una diputación local, repartía portafolios con millones de dólares a funcionarios para ganar concursos de obras promovidas por la administración estatal.