¿El crimen organizado se ha vuelto a infiltrar en el Ejército mexicano?

Por primera vez en más de una década, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México entregó a la fiscalía federal a tres generales de alto nivel, dos retirados y uno en activo, para que rindieran sus declaraciones sobre investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El general de División Diplomado de Estado Mayor Retirado Tomás Ángeles Dauahare, y el aún activo General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Roberto Dawe González, fueron trasladados este 15 de mayo por la noche a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), según un comunicado del Ejército mexicano.

Por su parte, el general de División Diplomado de Estado Mayor Retirado Ricardo Escorcia Vargas fue presentado este jueves 17 de mayo a las mismas instalaciones. Él había sido removido de la Sedena desde el 2007, cuando fue señalado públicamente de tener vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Desde la detención de los generales Mario Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo en agosto del 2000, la Sedena no había detenido a ningún alto mando por presuntos nexos con organizaciones criminales, confirmó Raúl Benítez Manaut, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Consideró, sin embargo, que el caso del general Ángeles Dauahare es "raro", debido a que estuvo muy poco tiempo en posiciones de mando en campo, que es el perfil que buscan los narcotraficantes y criminales, con el fin de poder transportar su mercancía libremente por el país e incluso de manera internacional.

“Él es un general muy sui géneris, incluso aspiró a ser secretario de la Defensa Nacional en el 2000 y en el 2006. Era un tipo muy reconocido, yo tengo una muy buena imagen porque se acercaba con intelectuales, con políticos, le gustaba discutir, entonces no tiene el perfil de un general corrupto”, dijo en entrevista con CNNMéxico, antes de que la PGR anunciara su arraigo por 40 días .

Explicó que generalmente los criminales buscan acercarse a generales que comandan directamente a tropas, lo cual no se cumple en el caso del general Ángeles Dauahare.

Javier Oliva, académico y coordinador del diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales de la UNAM, coincidió con Benítez respecto al perfil del general Ángeles, a quien dijo conocer por sus actividades académicas.

“Me causó sorpresa al enterarme de la noticia”, dijo al recordar que Oliva fue moderador en una mesa sobre seguridad nacional en un foro que organizó la Fundación Colosio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en abril del 2012.

Jorge Chabat, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad no es algo que deba de sorprender.

“Es muy probable que dado la exposición que tienen en el combate al narcotráfico, esta corrupción haya estado presente desde hace muchos años. Seguramente con casos aislados, porque no creo que sea generalizado, pero no me extraña que ocurra, más bien lo extraño es que no hubiera ningún caso”, explicó en entrevista telefónica.

Contrario a la tesis de Benítez, Chabat consideró que los delincuentes no necesariamente buscan a mandos que hayan estado en campo, sino altos mandos que los puedan informar de operativos que se estén planeando o acciones que se estén perparando contra algún cártel.

“Obviamente les conviene conctactar más a altos mandos porque son de alguna manera personas que concentran más ese tipo de información y no un soldado raso que realmente tiene muy poco conocimiento de todas las operaciones que se llevan a cabo”, indicó.

Los tres académicos coincidieron en el sentido de que, la estrategia del combate al crimen organizado ha abierto las puertas para que los militares tengan un mayor contacto con los grupos delincuenciales.

“El riesgo es latente, el riesgo es real y esto obliga precisamente al próxiomo gobierno a tomar decisiones muy importantes en materia de seguridad interior, de seguridad nacional para evitar esta posibilidad”, dijo Oliva en entrevista.

Explicó que estos casos hacen evidente la necesidad de contar un marco jurídico que defina claramente la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada.

“En la medida en la que las fuerzas armadas han estado participando intensamente en esta tarea por órdenes del presidente de la república, no se ha dado por el lado civil y el poder legislativo, el marco jurídico correspondiente para las acciones que ellos mismos están solicitando como la autoridad civil”, agregó.

Los otros generales vinculados con el crimen organizado

Los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron arrestados en agosto del 2000, por presuntos vínculos con el cártel de Juárez. Un par de años después, ambos fueron sentenciados a 15 y 16 años de prisión, respectivamente.

En el 2007, Acosta Chaparro recuperó su libertad luego de que un tribunal federal le otorgó un amparo por falta de pruebas que lo vincularan con organizaciones de narcotraficantes.

Quirós Hermosillo también fue absuelto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el 2005, pero permaneció preso por otros delitos como el de fomento al tráfico de drogas.

Acosta Chaparro fue asesinado de tres balazos en el Distrito Federal el 21 de abril de este año y Quirós Hermosillo falleció en noviembre del 2006, como consecuencia del cáncer.

"Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro siempre fueron generales desplegados en zonas militares y en regiones militares y también tenían un expediente bastante cuestionable en materia de derechos humanos. Nada de esto tiene el general Ángeles", recordó Benítez Manaut.

En el caso de Jesús Gutiérrez Rebollo , el primer general en ser sentenciado por sus vínculos con el difunto jefe del cártel de Juárez, Amado Carillo, en 1997, también estuvo en posiciones de comando en campo. 

Gutiérrez Rebollo fue sentenciado a 40 años de prisión por delitos contra la salud y por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Cohecho.