El gobierno mexicano no protegió a periodistas y activistas en el 2011: AI
En la mayoría de los casos de delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el 2011, el gobierno mexicano no protegió a los afectados y los responsables no rindieron cuentas por sus actos, señaló Amnistía Internacional (AI) en su Informe Anual 2012.
AI reconoció que aunque se han implementado algunas reformas en la materia, continúa la impunidad y el sistema de justicia penal no proporciona seguridad ni justicia a las víctimas.
"Las investigaciones oficiales no habían identificado a los autores al concluir el año. La provisión de protección a defensores y defensoras era a menudo lenta, burocrática e inadecuada", indicó la organización en su reporte.
Además, indicó, en al menos 20 casos de ataques o amenazas en contra de activistas no se identificaron a los responsables.
Sin embargo, destacó que el año pasado se debatieron reformas para la protección de periodistas y activistas.
Este año, el Congreso aprobó la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por su actividad de defensa de derechos humanos o periodística.
Sobre los casos de violaciones de derechos y delitos cometidos contra comunicadores, Amnistía Internacional consideró que en algunos medios locales la información sobre delincuencia y seguridad pública "era escasa o prácticamente inexistente", en especial en regiones de elevada criminalidad.
La organización mencionó el caso del periodista Miguel Ángel López Velasco , quien cubría asuntos de seguridad y fue asesinado junto con su esposa y su hijo en su casa en el estado de Veracruz. "Al finalizar el año proseguía la investigación sobre los homicidios", señaló.
El 14 de mayo pasado, cuatro expertos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron un llamado al gobierno mexicano para tomar medidas para frenar los delitos contra periodistas.
"Los asesinatos y amenazas repetidamente sufridos por defensores de derechos y periodistas en México deben detenerse inmediatamente", indicaron.
"Los defensores de derechos humanos en México necesitan desesperadamente la protección efectiva del Estado ahora”, dijo Margaret Sekaggya, la Relatora Especial de la ONU.
Del 2000 a la fecha, sin contar el fallecimiento de la periodista Regina Martínez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene registrados 76 homicidios de comunicadores en México.
Amnistía Internacional también denunció que los cárteles de la droga y otras bandas delictivas, en ocasiones coludidos con la policía u otros funcionarios públicos, mataron y secuestraron a miles de personas durante el 2011, mientras que cometieron abusos en contra de migrantes.
“Los avances en la reforma de las fuerzas de policía federales, estatales y municipales fueron sumamente lentos. Había pruebas de que algunos policías actuaban en colusión con organizaciones delictivas , incluso en el homicidio de presuntos miembros de organizaciones rivales”, señaló.
Sobre el Ejército, la organización indicó que el gobierno ha hecho caso omiso de informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y “de forma creciente, por personal de la marina”.
En relación a las fosas clandestinas encontradas en los estados de Tamaulipas y Durango, la organización reportó que se encontraron unos 500 cadáveres , pero al finalizar el año solo se determinó la identidad de menos de 50.
De los 331 cadáveres hallados en las fosas de Durango, hasta marzo de este año solo 48 habían sido identificados, mientras que en el caso de Tamaulipas, hasta abril solo se habían identificado 34, según la Procuraduría General de la República.
En su último reporte al respecto, en abril del 2011, la CNDH informó que había 8,898 cadáveres sin identificar en las morgues del país.
En total, según cifras del gobierno federal, unas 45,500 personas han muerto en hechos violentos en el país desde que el presidente Felipe Calderón implementó la Estrategia Nacional de Seguridad.
En respuesta al informe anual de Amnistía Internacional, el gobierno de México explicó que está “plenamente comprometido” con la protección de los derechos humanos, pues esta es una obligación del Estado en la que deben participar todos los niveles de gobierno.
“Nuestro país mantiene una política de apertura al escrutinio internacional, basada en la cooperación y en la convicción de que la experiencia y las aportaciones de la comunidad internacional contribuyen a los esfuerzos nacionales en la materia”, dijo el gobierno federal a través de un comunicado.
Respecto a la muerte de personas por las actividades del crimen organizado, el gobierno dijo que “reconoce el impacto en la sociedad mexicana que tienen las acciones de la delincuencia”, por lo que realiza “todas las acciones a su alcance” para restablecer el tejido social, aunque no dio ejemplo de esas medidas en la comunicación.
“Atender cualquier agresión que en el ejercicio de sus funciones sufran periodistas y defensores de derechos humanos”, es una de las instrucciones que la Secretaría de Gobernación afirma que ha dado a las instituciones de justicia, dice el comunicado, en referencia a la denuncia de AI sobre el riesgo que sufren los periodistas en México.