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Nuestras Historias

El DF se adelanta a la Federación en ampliar la definición de tortura

Las nuevas normas permitirán perseguir el delito como cualquier acto de intimidación y no solo como un medio de obtención de información
vie 08 junio 2012 05:31 PM
Policía federal
Policía federal Policía federal

El Distrito Federal se convirtió en la primera entidad de México en ampliar la definición de tortura para permitir el combate de este delito no solo en casos de interrogación forzada, sino también de intimidación, en cumplimiento con las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Las reformas entraron en vigor el 6 de junio pasado con la publicación de un decreto en la Gaceta Oficial, que añade nuevos artículos al Código Penal local sobre la materia y deroga otros.

Anteriormente, las disposiciones sobre tortura solo castigaban la violencia por parte de una autoridad con el objeto de obtener una confesión. Las modificaciones publicadas hace unos días contemplan sanciones contra "cualquier acto de intimidación contra los ciudadanos que se encuentren detenidos", dijo a CNNMéxico Juan José Ochoa, subsecretario de gobierno del Distrito Federal.

"No es solo para sacar una información, sino para provocarles cualquier reacción o simplemente para intimidar", dijo.

La ampliación permitirá perseguir la tortura más allá del proceso de investigación, en abusos cometidos en otras instancias como la detención y el encarcelamiento, según el funcionario.

"Puede ser calificado como tortura cualquier acto de intimidación, desde la detención de la policía, luego en todo el proceso penal y posteriormente bajo reclusión penitenciaria", dijo.

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También se introduce la violencia sexual como un medio de coacción y como un agravante del delito.

La reforma facilitará a los abogados y defensores probar los episodios de tortura ante los tribunales, lo cual ayudará al seguimiento de casos de abusos, aseguró Ochoa.

"Va a ayudar mucho al acompañamiento de defensores y organizaciones de derechos humanos", dijo.

Los servidores públicos que incurran en tortura pueden recibir de tres a 12 años de prisión y de 200 a 500 días de salario mínimo como multa, según las penas establecidas en las reformas, que permanecieron iguales que en la legislación anterior.

Un delito ahora imprescriptible

Además de la ampliación del tipo penal, las modificaciones integran otros dos elementos fundamentales, que son sanciones específicas por omisiones y la imprescriptibilidad del delito, dijeron a CNNMéxico Alejandra Ojeda, funcionarios de la Consejería Jurídica del gobierno del Distrito Federal.

Los funcionarios públicos ya estaban obligados a intervenir cuando conocieran casos de tortura, pero las reformas ahora prevén sanciones contra los que, con su silencio u omisiones, tengan alguna corresponsabilidad con el delito.

Este aspecto también fue destacado por el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín.

"Nos parece fundamental en esta tipificación, que no solamente (es castigado) quien la comete, sino quien favorece mediante sus actitudes la comisión de actos de tortura", dijo Marroquín a CNNMéxico.

En tanto, la imprescriptibilidad permitirá que cualquier caso sea denunciado independientemente del tiempo en que ocurrió. Esto es particularmente útil cuando las agresiones son tan brutales que las víctimas no denuncian y cuando intentan hacerlo se encuentran con que el delito ya caducó.

Redefinición, un precedente para México

Las reformas tienen una importancia central en la ampliación del tipo de delito en el país para incluir cualquier forma de presión, dijo a CNNMéxico el doctor en Filosofía del Derecho y catedrático en la UNAM, Samuel González.

"La tortura no puede justificarse en ninguna ocasión, ni por razones de seguridad nacional ni de seguridad pública ni de otros tipos", aseguró el también analista internacional en asuntos de seguridad. "La autoridad tiene que basar sus investigaciones con base en elementos y capacidad de entrevista (…) así que desde esta perspectiva son bienvenidas las reformas sobre tortura".

Se trata de la primera reforma en el ámbito local y federal que redefine el tipo penal de de acuerdo con la "convención reconocida por los defensores de derechos humanos como la más avanzada, que la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", aseguró el subsecretario de gobierno del DF.

El cambio de tipo penal ocurre después de que organismos nacionales e internacionales emitieran recomendaciones al gobierno federal para erradicar la tortura y mejorar la protección de los derechos humanos en el país.

Varios de los casos de tortura y abusos documentados por defensores han sido atribuidos a militares, en medio de lucha contra el crimen organizado emprendida por el gobierno federal.

En julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares, los miembros de las Fuerzas Armadas no debían ser protegidos por el fuero militar y debían ser juzgados en tribunales civiles. El Senado aprobó en abril una reforma para limitar el fuero militar , aunque quedó pendiente su aprobación en el pleno, ya que sólo pasó en comisiones.

En tanto, víctimas y activistas han continuado en su lucha contra el Estado mexicano por los abusos cometidos en el periodo conocido como la Guerra Sucia , en las décadas de 1960 y 1970, cuando el gobierno se valió de torturas y desapariciones forzadas para controlar movimientos estudiantiles y sociales.

El gobierno federal ha reconocido la participación del Estado en algunos de los casos demandados y ha emitido disculpas públicas .

"Puede aprenderse muy bien de este proceso legislativo para proceder así en otras partes del país", aseguró José Rosario Marroquín sobre las reformas recién publicadas en el Distrito Federal

Sin embargo, el principal problema que enfrenta la lucha contra la tortura es la falta de investigaciones a nivel nacional, aseguró González.

"El problema no es de leyes, el problema es de aplicación", dijo.

El subsecretario de gobierno del DF coincidió con el señalamiento de González.

"Sí hay una situación de falta de denuncia, o de casos que se denuncian y no se resuelven, pero el hecho de que el tipo penal se amplíe y de que este tema sea acompañado por defensore de derechos humanos es una garantía. Tendrá mejores resultados", dijo.

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