Un juez amplía por otros 40 días el arraigo contra militares detenidos
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este lunes la ampliación a 40 días del arraigo a cuatro militares del alto rango que se encuentran detenidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Fuentes de la PGR confirmaron a CNNMéxico que los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia, y Roberto Dawe González, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto permanecerán bajo custodia 40 días más, hasta el 3 de agosto, plazo en que la fiscalía deberá completar la averiguación previa.
Los mandos militares fueron detenidos en mayo pasado acusados por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva y fueron colocados bajo arraigo en el Centro Nacional de Investigaciones. La PGR informó que el plazo de arraigo culminaba este lunes 25 de junio.
El general Tomás Ángeles, ex subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
La PGR no informó sobre las causas específicas que habrían llevado a esa fiscalía a solicitar la ampliación del término que les permitirá abundar en la integración de las averiguaciones.
La defensa de Ángeles Dauahare tramitó un amparo a fin de no seguir bajo la medida cautelar del arraigo, mismo que le fue negado por un juez de distrito .
Militares y funcionarios de la PGR son investigados desde 2008, luego de que reportes de prensa señalaron que narcotraficantes del cártel de Sinaloa y del cártel de los Beltrán Leyva habían infiltrado las más altas esferas del gobierno mexicano .
En octubre pasado fueron sentenciados a 29 años de prisión cuatro exoficiales del Ejército tras ser encontrados culpables de filtrar información sobre los operativos en su contra que se realizaban en el occidente y en el centro del país.
Entre los detenidos a finales de 2008 está Noé Ramírez Mandujano, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, quien recibía pagos mensuales de entre 150,000 y 450,000 dólares por proporcionar información a los cárteles, según la PGR.
En total, en la llamada Operación Limpieza fueron arrestados 25 altos funcionarios y agentes de diversas dependencias, según la PGR.
