Organización ciudadana denuncia irregularidades y coacción de votos
La elección presidencial del 1 de julio en México “no fue una jornada limpia ni una jornada equitativa”, concluyó la organización civil Alianza Cívica después de realizar un ejercicio de observación de los comicios.
Los observadores detectaron que el 28.4% de los ciudadanos estuvieron expuestos al menos a una práctica de compra y coacción del voto.
Al procesar el 91% de la información recolectada en 21 entidades federativas, la organización concluyó que el 71% de la presión para votar por un partido fue a favor de la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM); seguida por 17% a favor de Acción Nacional, 9% a favor de Partido de la Revolución Democrática y 3% por Nueva Alianza.
“Esta elección no puede ser satisfactoria, cuando vemos estos reportes que ponen en evidencia que hubo comisión de delitos, prácticas irregulares, una descomunal cauta de dinero. La equidad en esta elección está rota”, dijo Eduadro Huchim, integrante de esa organización y exconsejero electoral del Distrito Federal.
Tras aplicar 3,158 encuestas, Alianza Cívica informó este martes que en el 21% de las casillas se violó el principio de ejercer el voto libre y secreto por causas diversas como: gente observando dentro de las mamparas, que los electores debían mostrar su voto a alguna persona pare recibir dádivas, ciudadanos ejerciendo algún tipo de presión sobre los electores y que “se detectó a uno o varios niños acompañando a votar a diferentes ciudadanos en diferentes ocasiones”.
Esta última práctica, que Alianza Cívica denominó uso de “niños como halcones”, se detectó en el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, cuando menores de edad recibían un pago por acompañar en diversas ocasiones a los electores a votar y al salir de la casilla, informaban a una persona qué fue lo que vieron.
“Introducir a los niños a esta fraudulencia electoral es reprobable, no solamente es el empleo del infante, es enseñarle a cómo cometer un delito”, dijo Huchim.
Alianza Cívica es una organización civil fundada en 1994 y presidida por el académico Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien antes de la elección manifestó su intención de votar por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista.
Su vicepresidenta es Manuela Herrera Rodríguez, su tesorera Rebeca Véjar de la Barrera y su directora ejecutiva Beatriz Camacho Carrasco, quienes han coordinado y participado en varios proyectos de observación electoral y participación ciudadana.
Ofrecen regalos y desayunos para votar
El ejercicio de observación de Alianza Cívica reveló que en 14% de las casillas hubo acarreo y que el 18% de los ciudadanos se sintió “presionado” para ir a votar.
Esa presión se ejerció en el 5.55% de los casos porque “vinieron a tocar a mi puerta para que fuera a votar”; pero también se reportó el ofrecimiento de desayunos, la entrega de regalos o llamadas telefónicas invitando a ir a las casillas.
Alianza Cívica realizó este estudio con la participación de 500 observadores en 183 casillas que levantaron 3,158 encuestas. El margen de error es de +/- 3.75% y el nivel de confianza de 75%.
La organización informó que durante la jornada electoral del domingo se hicieron diversas denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), por lo que, de momento, no se espera iniciar ningún otro recurso legal teniendo como base este reporte.
“El resultado de la operación de compra y coacción del voto es difícil de cuantificar y el IFE, la Fepade y el Tribunal resultan autoridades insuficientes y en algunos casos ineficientes para tan grave problema”, cita el reporte de Alianza Cívica que denuncia que sin sanciones específicas contra partidos políticos que rebasan los topes de gastos de campaña para invertir en prácticas de compra del voto, se dan las condiciones para un proceso electoral en donde “prevalece la impunidad”.
“La violación a los topes de campaña, no es causal de nulidad de la elección, por lo que los partidos pueden violentar la normatividad pues no pierden el cargo”, dijo Beatriz Camacho.
La organización indicó que las autoridades electorales hicieron un llamado al voto durante las campañas políticas, pero “ningún intento por promover los derechos políticos, los derechos electorales y el respeto al voto libre y secreto”.
