El gobierno intenta "vetar" la Ley de Víctimas, dice Movimiento por la Paz
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) exigió este jueves al gobierno federal que se publique la Ley General de Víctimas aprobada de último minuto en el Congreso en abril pasado, a la cual la Secretaría de Gobernación (Segob) sugiere que se le hagan modificaciones.
En una conferencia de prensa, el líder del movimiento, Javier Sicilia, exigió al presidente Felipe Calderón que retire el "veto" a la Ley de Víctimas.
"Este veto es un desprecio y una falta a su palabra. El presidente está faltando a su palabra, y eso es grave. Y con esto está haciéndonos perder la confianza", dijo ante medios.
"El presidente en este momento no vale nada para nosotros", añadió.
Este miércoles, la Segob regresó la legislación al Congreso con la petición de elevar a rango constitucional la obligación de los tres niveles de gobierno a proteger a las personas víctimas del delito.
A su vez, Emilio Álvarez Icaza, otro de los líderes del Movimiento, dijo que considera a este veto "como una burla al dolor y las demandas de las víctimas", pues los integrantes de esa organización estuvieron trabajando “codo a codo” con los legisladores durante semanas para integrar los artículos de la Ley y que tuviera el sentido de justicia que pedían.
Emilio Álvares informó que el pasado martes por la noche, Poiré se comunicó con él para invitarlo a las mesas de diálogo que pretende establecer la Segob para hacer cambios a la LGV.
Dijo que el Movimiento por la Paz mantendrá la postura de exigir que le publique la Ley y "en todo caso" esperar que se le hagan cambios cuando ya esté vigente mediante alguna iniciativa de ley o acudiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Movimiento considera que el gobierno federal no actuó conforme a la ley, pues el presidente Calderón tenía 30 días para realizar observaciones a los legisladores, plazo que se cumplió el pasado 9 de junio. Y puesto que no fueron propuestas las objeciones, debió promulgarse y publicarse en los siguientes 10 días, pero no sucedió.
Según el Movimiento, el presidente “no quiso vetar la ley en el marco del proceso electoral”, por lo que la Ley General de Víctimas fue “secuestrada” durante 20 días más hasta que el Ejecutivo envíe las observaciones al Congreso.
Esto, señaló, "agravia y daña confianza" entre el MPJD y el gobierno.
La mañana de este jueves, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que es “fundamental” hacer las correcciones para que se garantice que esta ley sea en beneficio de las víctimas de la violencia.
Pidió a los legisladores que esta ley “cuente con todos los elementos que nos permita garantizar que verdaderamente funcione bien y que no resulte un problema, el aprobarla y después tratarla de cambiar, lo cual podría generar algunos problemas significativos”, dijo en conferencia de prensa.
La Ley General de Víctimas surgió como iniciativa del Movimiento por la Paz el año pasado, como respuesta a las víctimas de la violencia en el país por enfrentamientos entre bandas del crimen organizado y la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el gobierno federal.
Prevé normas que permitirían la protección a personas expuestas a la violencia de grupos delictivos, como familiares de víctimas de la violencia; una base de datos para identificar a los afectados de la delincuencia; medidas de prevención y reparación de daños; así como procedimientos para responsabilizar a autoridades que violen los derechos humanos.
El procedimiento faltante para su entrada en vigor era la publicación que debía realizar el presidente de la República. Sin embargo, con las observaciones planteadas por el Ejecutivo, el Congreso tendría que llamar a una sesión extraordinaria para su modificación, pues actualmente se encuentra en receso.
Rodrigo Soberanes contribuyó con este reporte