En comunidades de Chiapas, votan bajo "acuerdos", según observadores

Petrona Hernández Sántiz llegó a la casilla ubicada en la Sección 0366 de la comunidad Romerillo, en San Juan Chamula —comunidad indígena a dos horas de la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez—, acompañada por un grupo de 15 mujeres.

El "acuerdo" (con los operadores políticos), dijo Petrona a CNNMéxico, fue votar por los candidatos a gobernador, diputado local y presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aseguran que así lo hicieron. En la elección de Presidente de la República el candidato de este partido obtuvo 220 de los 276 votos que se emitieron en el lugar, según las actas digitalizadas del IFE que publicó en su sitio web.

Roberto Albores Gleason, presidente del PRI en Chiapas y senador electo, dijo ante medios que siete de cada 10 personas que votaron en ese estado, lo hicieron a favor de su partido y la alianza que hicieron con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). "Ello es signo de la unidad lograda por los chiapanecos, quienes decidieron de manera libre el rumbo que tomará el país y la entidad".

En la comunidad Navenchauc, —con mayoría de población indígena y cercano a San Juan Chamula—, en el municipio de Zinacantán, el día de la jornada electoral en la fila de las casillas predominaron grupos de mujeres vestidas con sus trajes regionales. Al igual que en Romerillo de San Juan Chamula, en esta localidad ubicada en la zona indígena de Los Altos de Chiapas, las mujeres llegaron en grupos, y participó el 89% de quienes estaban inscritos en la Lista Nominal, de acuerdo con los resultados oficiales.

Para Inés Castro Apreza, especialista en participación política de las mujeres indígenas, y consejera de la Junta ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) en Chiapas, "históricamente, en las comunidades indígenas hay acuerdos internos sobre cómo participar, cómo votar y a quién votar", lo cual en figura en la ley de usos y costumbres. 

Petrona Hernández explicó a CNNMéxico las razones que llevaron a la mayoría de la población de Romerillo a votar por quienes lo hicieron: "fueron los que dieron apoyo, trajeron molinos, a los hombres les dieron herramienta, láminas y otras cosas… y con ellos va a seguir lo de las becas".

Ella y el grupo de mujeres que la acompaña son beneficiarias de un programa de apoyo alimentario, y otro de crédito, dirigidos a familias en situación de alta marginación, uno otorgado por el gobierno estatal (Chiapas Solidario) y, el otro por el federal (Oportunidades).

Para ser beneficiarias de los programas, las mujeres madres de familia deben organizarse en grupos, asistir a reuniones, pláticas y en alguna medida, hacerse corresponsables del colectivo de mujeres, explicó Hernández.

En el proceso electoral de 2012, con financiamiento del IFE y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), otro grupo de mujeres estableció en Chiapas en esas comunidades el observatorio electoral al que llamaron "Yo Cuido el Voto". Meses previos a la elección del 1 de julio, establecieron un monitoreo en comunidades de población indígena como San Juan Chamula y Zinacantán, y en otros 10 municipios, basadas en una metodología de observación que incluye el periodo postelectoral.

"La libertad, secrecía, intransferibilidad del voto no se cumplieron en alguna medida, en esas localidades. No existieron las condiciones para que las mujeres en mayor pobreza voten en libertad", refirió Marcela Laguna, integrante del grupo de 30 mujeres mestizas e indígenas que constituyeron el proyecto de observación electoral en espacios locales de alto índice de marginación, desde una perspectiva de género.

En los lugares monitoreados, "la elección se dio en un contexto de alta marginación y pobreza, donde las mujeres han sido beneficiarias y sujetos de programas y políticas públicas dirigidas a las mujeres, lo que ha sido un medio muy efectivo para tenerlas en alguna medida, con cierto nivel de organización y redes entre ellas", explicó Laguna.

Detalló que algunas de las conclusiones previas a las que ha llegado el grupo de observadoras les permite afirmar que "esta organización y redes de mujeres son "un arma de dos filos", que bien pueden ser usadas para el empoderamiento de ellas, que para la coacción y manipulación electoral, al plantearles la continuidad o no continuidad de programas sociales, tanto a nivel municipal, como estatal y federal".

La observadora electoral refirió que las mujeres están en estos programas como población cautiva, aunque no puede decirse con exactitud que en la elección las acarrearon y fueron inducidas por las y los promotores de los programas sociales referidos.

"Nuestra hipótesis no es que más mujeres salieron a votar porque ya incrementó la conciencia de sus derechos político-electorales, sino porque en su imaginario, había el concepto de que por quien ellas voten las va a beneficiar con los programas sociales", dijo.

El líder priista descartó que esta votación haya sido producto de acciones de compra o coacción del voto, "al contrario fue una votación histórica y el triunfo contundente, el 66.35% de las personas inscritas en la lista nominal votaron, repito, por la unidad y el liderazgo de Manuel Velasco, gobernador electo".

Albores Gleason llamó a que "cualquier inconformidad que surja de la elección, que se lleve a los tribunales y que ellos determinen".

En el monitoreo previo a la elección que hicieron, y que abarcó el seguimiento y análisis de los discursos y las propuestas de campaña de los candidatos de las regiones donde se instaló el observatorio, explica Laguna, los aspirantes a los puestos de elección popular reforzaron la postura de ubicar a las mujeres como madres, esposas e hijas vulnerables.

"Casualmente, mujeres agrupadas en estos programas son las que salieron a votar en grupo. Los políticos se dieron cuenta de que estos ejércitos de mujeres pobres pueden ir a votar, si les siguen prometiendo que les van a dar lo mismo. Ese es un elemento que hizo que ellas fueran a votar de forma 'organizada', y en algunos casos observamos que eran acompañadas de ciertas líderes, para remarcarles la participación".

Marcela Laguna refiere que hubo una conexión entre los programas sociales y el "voto corporativo de las mujeres beneficiarias. Marcar esto como un delito es difícil, probarlo aún más, pero creemos que si tiene que tipificarse el cómo los programas y políticas sociales deben tener características que no condicionen el voto".

"Acuerdos comunitarios"

Largas filas de mujeres votantes fue la constante en diversas comunidades indígenas del estado Chiapas en el sur de México. En algunos casos, hombres acompañaron en las filas a sus familias, y en otros se congregaron en lugares cercanos a las casillas.

Inés Castro Apreza es consejera de la Junta local del IFE en el estado de Chiapas y preside la única comisión de género que existe en el país a nivel de junta local. Ella propuso a la junta local del IFE en Chiapas la instalación de una Comisión de Género, la única que actualmente existe en el país dentro de ese instituto, en las zonas rurales e indígenas que históricamente son las más permeadas por los procesos corporativos.

"En ese proceso de decidir a quién se va a apoyar, hay por parte de los liderazgos masculinos una negociación externa, donde deliberan largamente como comunidad, y toman una decisión con base en lo que más les convenga: con quiénes negociaron, qué negociaron, qué les prometieron, qué les aseguraron. Eso tiene que ver en su decisión final".

Evadir estos acuerdos, reconoce la especialista, es difícil, porque "como la mayoría son comunidades pequeñas, donde todos se conocen, se puede saber el sentido de la votación. Ahí no hay tanta secrecía del voto, y se puede saber quién se salió de los márgenes, además se cuentan las familias, y los miembros de las familias que van a votar.

Detalla que si bien en este proceso las mujeres pueden incidir desde el interior del núcleo familiar, la decisión final se toma en las asambleas ejidales o comunales, donde en su generalidad, sólo los hombres tienen voz y voto, porque ellos son los propietarios legales de las tierras.

Los "acuerdos" para determinar el sentido de la votación permanecen no sólo en las zonas indígenas, sino en gran parte de las comunidades rurales del estado, añade Castro Apreza.

Sin embargo, refiere que en las dos últimas décadas, en Chiapas se ha consolidado una pluralidad política que en algunas comunidades ha generado cambios que van desde que haya no una, sino dos o más asambleas, donde se determine el sentido de la votación en las elecciones constitucionales, lo que ha hecho que se rompa con las "clientelas electorales" fijas.

Como resultado del movimiento social y político que generó en las zonas indígenas el levantamiento armado de 1994, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y su reivindicación de los derechos de las mujeres, "ahora hay más participación política de las mujeres, que se puede ver en su inserción como funcionarias de casilla"; y en que algunas de ellas sean candidatas a puestos de elección popular, como en el municipio de Oxchuc, donde dos mujeres han ocupado el cargo de presidentas municipales, detalló Castro Apreza.

Una agenda política con perspectiva de género

El observatorio de mujeres señala en sus conclusiones previas que en este proceso electoral de 2012 hubo signos de un retroceso en cuanto al empoderamiento de las mujeres, principalmente porque fue desde condiciones de pobreza como las mujeres salieron a votar, con la esperanza de disminuirla, y muy vinculado al condicionamiento de premio-castigo respecto a su inserción dentro de los programas sociales. Hubo una alta presencia de mujeres votantes, pero en su mayoría "sin condiciones de libertad".

Las mujeres no son víctimas, cita en las conclusiones; sin embargo, "no podemos cambiar lo que no vemos que está mal", y en este caso las condiciones de pobreza siguen marcando el papel de las mujeres en este proceso electoral, lo que hace ver que se necesita incidir en una nueva la agenda en la materia, con perspectiva de género.

Basadas en sus observaciones, ellas elaborarán una serie de propuestas al IFE y el resto de los órganos electorales federales y estatales, para incidir de forma positiva en las mujeres en los próximos procesos electorales.

"Hace falta mucho para que logren apropiarse de sus derechos, y hace falta mucho para separar completamente los programas sociales y el uso electoral de los mismos", dijo Marcela Laguna.