Poiré pide a los legisladores "sentarse a trabajar" en la Ley de Víctimas

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hizo un llamado a los legisladores mexicanos a sentarse y trabajar en la aprobación de la Ley General de Víctimas, luego de que el poder Ejecutivo la devolvió al Congreso con observaciones.

En conferencia de prensa Poiré detalló que esta semana instalará una mesa de trabajo con legisladores para procurar que la Ley de Víctimas se apruebe en la próxima sesión extraordinaria y no tenga que esperar hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.

“Yo ya he hablado con algunos legisladores precisamente para ese efecto”, aseguró Poiré.

El funcionario señaló que la propuesta original del Ejecutivo era que las observaciones fueran directamente a las comisiones, pero debido a que la Comisión Permanente del Congreso no cuenta con comisiones, deberá ser revisada por los 19 diputados y 18 senadores que la integran

Detalló que el Ejecutivo analiza el trámite legal para resolver “lo que está enviando el Congreso”. La Comisión Permanente regresó la semana pasada las observaciones a la ley, por considerar que la Secretaría de Gobernación las presentó de manera extemporánea.

Poiré reiteró este martes que las observaciones fueron enviadas al Congreso el 1 de julio , luego de recibir la ley el 1 de junio, por lo que el procedimiento fue realizado “con toda claridad dentro del plazo que marca la Constitución”.

Para continuar con el trámite legislativo, “lo que corresponde es una controversia (presentada por el Ejecutivo) para poder dar curso a estas observaciones”, aseguró Poiré. Por parte de los legisladores, es necesaria una aprobación de dos terceras partes para desechar las propuestas que hizo el Ejecutivo a la norma.

El miércoles pasado, durante la sesión extraordinaria en la que el Congreso devolvió las observaciones a la ley, el senador Leonel Godoy aseguró que la orden de publicar la ley es un “mandato incontrovertible” y que las únicas dos alternativas del Ejecutivo (la controversia constitucional o una iniciativa de reformas) para incluir sus observaciones son posteriores a la publicación de la ley.

“En caso de no cumplirse (…) es el desacato de la autoridad de no cumplir con la obligación constitucional que usted ha ejercido oportunamente”, dijo Godoy al presidente del Senado, José González Morfín, quien el 29 de junio ordenó la publicación inmediata de esta legislación, ya promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El titular de la Segob señaló este martes que además del aspecto “jurídico-técnico” es necesario negociar para aprobar lo más pronto posible una ley que proteja a las víctimas de la violencia.

“Lo importante es tener una buena ley”, dijo. “Lo importante es impedir que con la publicación de la ley hagamos sufrir más a las víctimas del delito.

La Ley General de Víctimas, que recibió la aprobación del Congreso a fines de abril , obliga al Estado mexicano a dar asesoría, protección e indemnización a las víctimas de la violencia en el país.

La legislación fue impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que apoya a víctimas de la violencia en el combate del gobierno federal al crimen organizado, que desde fines de 2006 ha dejado más de 45,750 muertos según la Procuraduría General de la República (PGR).

En lugar de promulgarla para que entrara en vigor, el Ejecutivo devolvió la ley con observaciones, cuyo principal argumento era que como estaba redactada no se obligaba su cumplimiento por parte de las autoridades estatales y municipales, ya que no estaba elevada a rango constitucional, según explicó Poiré.

De no aprobarse en la próxima sesión extraordinaria del Congreso —cuya fecha depende de la convocatoria hecha por los legisladores—, la Ley General de Víctimas deberá esperar hasta el 1 de septiembre, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones con dos cámaras totalmente renovadas.

Este martes, Poiré también anunció la integracion de cinco representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Los cinco representantes de organizaciones sociales serán seleccionados mediante un mecanismo que en el que no intervenga el gobierno, detalló Poiré. La decisión tiene el objetivo de “garantizar de manera formal una presencia efectiva y permanente” de la sociedad civil en el Consejo, añadió.

“A partir de ahora y para decisiones futuras contaremos con la voz de los ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública”.