López Obrador analiza llevar ante la CIDH su juicio de inconformidad
La lucha del Movimiento Progresista para lograr la invalidez de los comicios presidenciales del 1 de julio no acabaría en las instancias electorales nacionales. El equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador tiene contemplado ir "por la vía de los juicios en tribunales internacionales" para desahogar la queja por una elección que, aseguran, "no fue libre ni auténtica".
Jaime Cárdenas, representante jurídico del candidato presidencial, dijo que se planea acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a derechos políticos, si el juicio de inconformidad presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les es adverso.
"Esta es una lucha muy larga y estamos preparados para ella tanto en los Tribunales como en las instancias internacionales (…) los derechos de participación política de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos son derechos fundamentales, es un derecho humano, la violación que esgrimiríamos ante la Comisión Interamericana sería la violación al voto libre y auténtico", explicó Cárdenas en entrevista con CNNMéxico.
El equipo jurídico de López Obrador podría llevar ante la CIDH prácticamente el mismo recurso que entregó al Tribunal Electoral: "la compra masiva de votos, que las encuestas se usaron con fines electorales, que hubo rebase de topes de gastos de campaña y que no hubo suficiente imparcialidad por parte de las autoridades electorales".
Según Cárdenas, hay elementos para que el caso sea discutido posteriormente ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por violaciones a los derechos de votar y ser votado.
Este lunes, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, negó todas las acusaciones imputadas a su partido y a su candidato y calificó de "mentiras" los señalamientos que utilizó la izquierda para solicitar a las autoridades electorales la invalidez de los comicios.
Jesús Murillo Karam, coordinador de Asuntos Jurídicos para la defensa del voto del PRI, ha dicho que el recurso de invalidez de López Obrador no tiene "sustento jurídico" . CNNMéxico ha solicitado entrevista con el priista, pero hasta el momento no se ha concretado.
Cárdenas, actualmente diputado federal por el Partido del Trabajo —que junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano conformaron la coalición que apoyó a López Obrador—, ha estado a cargo del seguimiento de las quejas presentadas ante el Instituto Federal Electoral (IFE) por otros partidos y actores políticos contra el aspirante presidencial del PRI.
El propósito del recurso legal es "manifestar rechazo a elecciones que se celebren en México y que no tienen carácter democrático", dijo Cárdenas, quien también fue consejero ciudadano del IFE, desde donde inició en 2002 una indagatoria por el caso denominado "Amigos de Fox".
En ese entonces, Cárdenas denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) el desvío de recursos del extranjero para la campaña presidencial de 2000 a favor de Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), lo que finalmente fue ratificado por las autoridades electorales que interpusieron una multa a ambos partidos.
De la impugnación a la reforma electoral
El representante jurídico del Movimiento Progresista añadió que además de invalidar la elección, el equipo de López Obrador busca marcar un precedente para que la autoridad electoral mexicana tenga facultades para penar a los partidos y candidatos que tengan operadores para la compra y coacción del voto.
Actualmente, ese delito está contemplado en el Código Penal Federal por lo que ni el IFE ni el Tribunal tienen injerencia para sentenciar que se practique.
El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, ha explicado que la investigación y sanción de la compra de votos corresponde a la Fepade, órgano de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el caso del TEPJF, su reglamento interno indica que puede ordenar investigaciones y resolver sobre procedimientos de responsabilidad administrativa
"Yo no dudo que los partidos de izquierda y todo mundo en México compre votos, lo que ocurre es que en México no podemos seguir tolerando eso, no porque lo haya hecho la izquierda o lo siga haciendo, eso es aceptable. Si queremos construir en México un sistema democrático, real, auténtico, pues debemos impedir ese tipo de prácticas y sancionar a quienes las realizan", dijo Cárdenas.
"Si algún dirigente de izquierda compró votos debe ser sancionado, si algún dirigente del PAN compró votos debe ser sancionado, si alguien del Panal, Nueva Alianza compró votos debe ser sancionado; igual del PRI".
Entre las propuestas de los partidos de izquierda para mejorar el sistema político tras los comicios de julio pasado están promover "una reforma a ley Federal de radio y televisión porque en México hay una inequitativa, profunda concentración del espacio Radioeléctrico en dos empresas televisoras y en unas cuantas empresas de la radio".
También proponen que sean ciudadanos quienes realicen la selección de los consejeros del IFE y los magistrados del Tribunal. "No pueden ser designados por los partidos para repartírselos como cuotas", según Cárdenas.
Otra propuesta es que la revisión de los gastos de campaña no sea a posteriori como se realiza actualmente, "sino que sea una fiscalización a medida que se va desarrollando la campaña".
El Partido Acción Nacional (PAN) convocó este domingo a través de un comunicado al PRI para construir "a la brevedad" una reforma electoral para corregir las "prácticas de inequidad" de la pasada elección y "recuperar la credibilidad frente a los ciudadanos". El PRI no ha respondido a este llamado.
López Obrador presentó el juicio de inconformidad ante el Tribunal después de que se diera a conocer el cómputo final de los comicios presidenciales, en el que Peña Nieto tuvo el 38.21% de los votos, superando por más de tres millones de sufragios a López Obrador, que logró el 31.59%.
El Tribunal Electoral deberá resolver a más tardar el 31 de agosto todas las impugnaciones a la elección presidencial, y el 6 de septiembre, declarar si la elección fue válida y si hay presidente electo.