La ONU alerta sobre impunidad en crímenes contra periodistas en México
El gobierno mexicano ha fallado en la protección a periodistas, pues sus instancias de procuración de justicia no actúan con la urgencia necesaria, coinciden las organizaciones Article 19 y las Naciones Unidas.
"Hay peleas que mejor no toca comprarse y hay nombres que hay que dejar de mencionar. Los periodistas están viendo por proteger su vida porque los mecanismos de protección no se la están protegiendo", dice el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, en entrevista con CNNMéxico.
La OACNUDH ha "documentado" las agresiones a comunicadores en México y pedido información a las autoridades por considerar esos casos como "emblemáticos".
La situación del periodismo ha sido una de las prioridades en la documentación de casos desde 2011 para la OACNUDH.
Javier Hernández Valencia explicó que, tras los recorridos de recopilación de información realizados por la ONU en los estados donde han habido agresiones a periodistas, han encontrado fallas en la procuración de justicia.
Personal de la OACNUDH se ha reunido con autoridades de procuración de justicia, a nivel federal y local, y también con representantes del poder ejecutivo.
Los representantes de las Naciones Unidas también se reunieron con la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Laura Angélica Borbolla.
"Vemos que los protocolos y metodologías de las procuradurías para abordar este tipo de delitos no encajan con la urgencia y necesidad y el clamor del gremio periodístico de siempre mantener como una poderosa hipótesis de investigación, tal vez la primera, el que estas agresiones, desapariciones y asesinatos se están dando en razón de la actividad periodística", señaló Javier Hernández.
Investigaciones sin avances
Hace un mes ocurrió el más reciente asesinato de un periodista en México. Víctor Báez, reportero del periódico Milenio Portal fue hallado muerto y cercenado el 14 de junio a unas cuadras del palacio de gobierno de Veracruz en Xalapa, la capital de ese estado.
El de Víctor Báez fue el quinto asesinato de un periodista en Veracruz en un periodo de 47 días. Durante el actual gobierno estatal, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, nueve comunicadores han sido privados de la vida.
En ninguno de los casos se han reportado avances sustanciales por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), un fenómeno que se repite en el resto del país, según ha sido constatado por la organización Article 19 y por las Naciones Unidas.
El funcionario de la ONU se refirió a declaraciones hechas por autoridades estatales en las que se desvía la atención pública hacia otros posibles móviles en los crímenes cometidos.
"Uno recibe con mucha preocupación declaraciones que pretendiendo ser una respuesta pronta de justicia, tienen el efecto perverso de criminalizar a la víctima y al criminalizarla de alguna manera justificar o crear una zona de confort respecto al asesinato.
"Hay una dispersión del trabajo investigativo para decir, esto fue pasional, por deudas, por culpa propia del periodista y entonces se empieza a crear una sensación de insatisfacción no solo por la ausencia de resultados, sino porque se invierte la imagen y se dice que el culpable es el muerto".
La ONU publicará los contenidos de la información que ha recabado mediante comunicados de prensa, libros, foros públicos o son entregados a organizaciones civiles y recientemente participó en la elaboración de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Por su parte, el gobierno de Veracruz creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas una semana antes del asesinato de Víctor Báez.
Las autoridades anunciaron la creación de esa instancia frente a 700 comunicadores invitados a un desayuno con motivo del día de la Libertad de Expresión, que en México se celebra el 7 de junio. Esa mañana obsequió automóviles y uno de los ganadores fue Víctor Báez.
Hasta ahora el gobierno estatal no ha dado conocer si ha habido avances en la investigación. CNNMéxico solicitó información al respecto, pero hasta la publicación de esta nota, no había recibido respuesta.
Otros estados riesgosos para periodistas
En su último reporte trimestral Article 19 — organización internacional dedicada a la promoción de la libertad de expresión — informó que han documentado 83 agresiones a periodistas en seis meses en el país. En el 44.57% de esos incidentes se registró violenta física "que incluye los casos de atentados contra instalaciones de medios de comunicación".
El pasado 10 de julio se registraron cuatro ataques a medios de comunicación en menos de doce horas. El diaro El Norte, perteneciente a Grupo Reforma, sufrió dos ataques el mismo día, con granadas de fragmentación; el ataque fue atribuido a mandos de la delincuencia organizada, según un vocero de la Policía Federal.
Las instalaciones de los diarios El Mañana de Nuevo Laredo y de los suplementos La Silla y Linda Vista de Monterrey fueron atacados con explosivos y a balazos.
El 11 de julio, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, calificó esos ataques como "sumamente delicados" y reconoció que los gobiernos de los estados y el federal necesitan "ser más eficaces en la coordinación" en materia preventiva para evitar más agresiones a medios de comunicación y a sus periodistas.
Otro de los medios que ha sido atacado es el periódico El Siglo de Torreón, ubicado en Coahuila, al norte del país. Su director, Javier Garza, dijo a CNNMéxico que "la impunidad es lo que está alimentando los ataques contra la prensa".
El Siglo de Torreón fue agredido con armas de fuego en agosto de 2009 y en noviembre de 2011 sin que hasta el momento se conozcan los responsables de los delitos.
"Un grupo criminal puede agredir a un medio de varias maneras, lo puede hacer para mandar el mensaje que quiera mandar. Estamos conscientes de que estamos solos en este trabajo. Yo ya descarté que el gobierno va a ayudar, ahora qué hacemos", dijo Javier Garza.
La nueva ley, ¿una garantía?
Alejandro Poiré sostuvo que los periodistas van a tener más garantías cuando se implementen los instrumentos de la nueva Ley. Al respecto, Javier Garza opinó que esos mecanismos tienen dos fallas.
La primera es que se contempla dar protección a periodistas amenazados y en su experiencia, cuando ocurren ataques "nunca hay advertencia". La Ley también ofrecerá la reubicación de periodistas en situación de riesgo, lo cual implica que "se está dando por perdida la batalla", dijo Javier Garza.
Por su parte, Javier Hernández Valencia, señaló que el Estado Mexicano tiene la obligación "irrenunciable" de dar justicia a las víctimas. "Hay que ser muy firmes en exigir a las autoridades que tengan una conducta mucho más centrada en su deber permanente y su obligación".
Por último advirtió que, por la falta de aplicación de justicia en casos de violencia contra periodistas el "acceder a la instancias de justicia internacional es una posibilidad abierta".
"Esto es un gran desplome de la capacidad y calidad de información que cada sociedad democrática debe proteger", puntualizó.