La Corte acepta la controversia presidencial sobre la Ley de Víctimas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional enviada por el gobierno federal para detener la publicación de la Ley General de Víctimas y buscar que el Congreso le haga modificaciones.
El recurso legal fue recibido por la Comisión de Receso del máximo tribunal, integrada por los ministros Sergio Valls Hernández y José Fernando Franco González Salas, informó este martes la Suprema Corte en un comunicado.
La controversia fue presentada la semana pasada a petición del presidente Felipe Calderón , luego de una disputa entre la Presidencia y el Congreso sobre la validez de observaciones enviadas por el gobierno federal para cambiar aspectos de la ley.
Con la aceptación de la controversia la Suprema Corte concedió “la suspensión de los actos impugnados", entre los que se encuentra la devolución de las observaciones hecha por el Congreso, que consideró que fueron hechas fuera del tiempo legal.
El asunto será dirimido en el Pleno de Corte en agosto próximo, cuando se reanuden las sesiones.
La controversia presidencial fue enviada por el Ejecutivo a la Corte el 19 de julio a través de su Consejero Jurídico. Previamente, el Senado había pedido a la Presidencia su publicación después de ser aprobada en las dos Cámaras del Congreso.
En los términos en que fue aprobada, la Ley General de Víctimas obliga al Estado a asistir y proteger de diferentes maneras a las víctimas de la violencia en el país. Una de ellas es la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas y el otorgamiento de una compensación hasta de 900,000 pesos a las personas afectadas.
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, expuso en varias ocasiones la necesidad de hacer adecuaciones a la ley, entre ellas una reforma que eleve a rango constitucional la obligación de los tres niveles de gobierno de garantizar justicia a las víctimas.
Los dos magistrados de la Comisión de Receso consideraron en el comunicado publicado este martes que no había motivo para "prejuzgar" los argumentos del gobierno federal y decidieron dar entrada el trámite.
"Al haber sido presentada por el órgano legitimado de forma oportuna y no advertirse motivo notorio y manifiesto de improcedencia (…) sin prejuzgar respecto de la constitucionalidad de los actos impugnados, se concedió la suspensión solicitada", informó la Corte.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el escritor Javier Sicilia, calificó esas observaciones como un "veto presidencial", entre otros aspectos, por el momento en que fueron presentadas.
"Ha jugado con los tiempos electorales haciendo creer a las víctimas que la aprobación de dicha ley en el Senado y la Cámara de Diputados sería acatada por el Ejecutivo mientras dejaba correr el proceso electoral, y ha decidido desacatar la Constitución y enfrentar un juicio constitucional antes de cumplir lo acordado", informó este martes el Movimiento por la Paz en un comunicado.
El Ejecutivo afirmó que recibió el 1 de junio la ley ya aprobada por el Legislativo y emitió observaciones después de la elección presidencial.
La Secretaría de Gobernación (Segob) sostuvo que las observaciones fueron presentadas dentro del plazo de 30 días que marca la Constitución.
En tanto, los legisladores e integrantes del Movimiento por la Paz aseguran que el recurso fue presentado fuera del plazo, pues consideran una fecha de vencimiento anterior a la que señala el Ejecutivo.