Veracruz analiza reforma de ley que restringe protestas contra candidatos

Veracruz enfrenta una nueva polémica en el tema de libertad de expresión por una iniciativa de reforma en materia electoral presentada por el gobernador Javier Duarte este mes y que han rechazado los partidos políticos de oposición al PRI y miembros de la sociedad civil.

La iniciativa enviada por el gobernador al Congreso del estado – que se discutirá en el Congreso local este lunes – propone restringir la contratación de publicidad por parte de partidos políticos en medios impresos que “publiquen mensajes en contra de cualquier partido, coalición o candidato”.

"Las organizaciones políticas no podrán contratar espacios publicitarios en aquéllos medios que aun habiendo efectuado los registros señalados en este artículo, publiquen mensajes en contra de cualquier partido, coalición o candidato”, señala la propuesta de reforma al artículo 48 del Código Electoral del estado.

La iniciativa de reforma al código electoral  busca obligar a las organizaciones políticas a "abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, difamación o que denigre a ciudadanos, instituciones públicas o a otros partidos y sus candidatos". 

Cualquier contratación por parte de una organización política dirigida a promover el voto en contra de algún partido, coalición o candidato será violatoria de la ley.

El artículo 78 de la iniciativa presentada por Javier Duarte determina que durante las campañas "quedan prohibidas las expresiones que inciten al desorden y a la violencia, así como la utilización de símbolos, signos o motivos religiosos o racistas” por parte de organizaciones políticas.

Iván García Gárate, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, consideró que los términos "diatriba", "difamación" e "infamia" son "ambiguos" y denotan una "mala técnica legislativa".

"Son términos ambiguos, no se sustentan ni en la constitución ni en tratados internacionales", opinó el especialista en entrevista con CNNMéxico.

Restricciones para ciudadanos

La tarde de este lunes, el pleno del congreso estatal discutirá la propuesta de dictamen, el cual ha incorporado propuestas de los partidos de oposición, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Carvallo Delfín.

"El PRI es el principal promotor de que en el nuevo Código Electoral se recojan las propuestas y se atiendan las observaciones de todos los partidos políticos que contribuyan al perfeccionamiento de nuestros procesos electivos", dijo el legislador priista a través de un comunicado la semana pasada.

El diputado priista Raymundo Eligio Saldaña Ramírez, presidente de la Comisión Permanente de Procesos Electorales del Congreso de Veracruz, informó el jueves pasado que se han incluido las propuestas de "todos los partidos" y expertos en la elaboración del dictamen que será sometido al pleno legislativo.

Sin embargo, el dirigente estatal del PRD, Juan Vergel Pacheco, dijo a CNNMéxico que la iniciativa de reforma "no plantea reglas claras para el uso de recursos privados en campañas políticas; tampoco regulan el uso de encuestas".

El dirigente perredista en Veracruz entregó a los diputados su propuesta de sacar el artículo 48 de la reforma de ley.

El PAN criticó uno de los párrafos de la iniciativa que pretende regular las expresiones ciudadanas en contra de los candidatos y regula la aceptación de observadores electorales ciudadanos.

"Impone una cláusula que podríamos llamar anti “132” (por el movimiento social #YoSoy132) ya que especifica que los ciudadanos no pueden tener vínculos con formas democráticas de expresión, que se produzcan en contra de cualquier candidato, y reducen el plazo para la inscripción de estos observadores", informó a través de un comunicado.

Article 19, organización defensora de la libertad de expresión, criticó la iniciativa de reforma,  ya que considera que viola los tratados internacionales que cuidan el derecho de las personas a expresarse.

"La libertad de expresión no es un derecho absoluto y en consecuencia admite restricciones, éstas deben cumplir con las obligaciones internacionales previstas tanto en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)", asentó Article 19 en un comunicado emitido el 24 de julio.

Las "obligaciones" para que una limitación a la libertad de expresión sea admitida por el derecho internacional se refieren a que deben estar "previstas en una ley", servir a los "fines legítimos del derecho internacional" y ser "necesaria en un Estado democrático y proporcional", según Article 19.

Iván García opinó que esta iniciativa promovida por el gobierno de Duarte podría sentar un precedente en caso de que se apruebe y los opositores acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

"Ahí sí habría que estar pendientes del precedente que se va a sentar, porque tiene ya una validez jurídica para todo el país y sería parte del sistema jurídico mexicano", advirtió el investigador de la UNAM.

Esta es la segunda vez en menos de un año que el gobierno de Javier Duarte envía una iniciativa polémica al congreso estatal.

La primera fue una propuesta de reforma al Código Penal del estado que creaba el tipo penal “perturbación del orden público” para aplicar penas de entre uno y cuatro años de cárcel o multas de entre 29,900 y 59,800 pesos  “a quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público”.

Esta iniciativa fue enviada después de que el gobierno del estado acusó de “terrorismo” a dos usuarios de redes sociales por advertir de supuestos ataques armados a escuelas en el puerto de Veracruz y el municipio vecino de Boca del Río.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso estatal con 33 votos a favor por legisladores del PRI y Nueva Alianza, y 14 en contra del PRD (Partido de la Revolución Democrática) y PAN (Partido Acción Nacional) en septiembre de 2011.

El gobierno estatal se desistió de las acusaciones contras los dos ciudadanos y quedaron libres tras múltiples protestas por parte de ciudadanos en redes sociales y organizaciones de la sociedad civil.