El Tribunal rechaza pedir al IFE que agilice la fiscalización a Peña Nieto
El Tribunal Electoral rechazó este miércoles ordenar al IFE que agilizara la fiscalización de los partidos políticos, en la que se integra la investigación de la presunta intervención de Monex y Soriana en los comicios del 1 de julio, como solicitó la coalición de izquierda Movimiento Progresista.
Los magistrados votaron por unanimidad que no tienen facultades para exigir un proceso extraordinario de fiscalización para conocer si hubo un rebase en el tope de campañas del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, quien resultó ganador según los conteos oficiales.
La coalición conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declarara una excitativa de justicia para apresurar una sentencia de parte del IFE, pues consideró que la resolución de las acusaciones contra el PRI por el uso de recursos ilícitos eran "determinantes" para el juicio de inconformidad que interpusieron contra la elección.
Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ha reiterado que, por ley, el instituto tiene hasta enero de 2013 para terminar la revisión de los gastos de campaña de los partidos.
El dictamen con el que respondió a la izquierda el Tribunal Electoral fue elaborado por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar, quienes integran la comisión que revisa la elección.
El magistrado Manuel González Oropeza dijo que para que haya una excitativa de justicia debe “haber una denegación de justicia, no hay una denegación de justicia por los actores administrativos y tan solo hay una pretensión de que este tribunal asuma u obligue al IFE a asumir una atribución que solo es exclusiva competencia del IFE”.
Según los magistrados, la solicitud de la coalición de izquierda “violenta el principio de separación de poderes” o supone que la autoridad judicial es jerárquicamente superior a la administrativa.
“No puede, no debe, el Tribunal interferir de manera indebida, si no única y exclusivamente en el ejercicio de la competencia que corresponde al Tribunal Electoral (…) No se puede ordenar al instituto que establezca un proceso extraordinario para el conocimiento de las quejas o denuncias o para llevar a cabo el proceso de fiscalización de recursos”, dijo el magistrado Galván Rivera.
El equipo de López Obrador denunció ante las dos autoridades electorales que colaboradores de la campaña de Peña Nieto entregaron tarjetas de la tienda Soriana para supuestamente comprar votos y que también lo hicieron a través de tarjetas de prepago Monex. El PRI y el candidato han rechazado en reiteradas ocasiones los señalamientos.
El último reporte de la Unidad de Fiscalización del IFE respecto a esas quejas, entregado el 25 de julio pasado, informa que hay cinco líneas de investigación para determinar el origen de recursos y la presunta comisión de irregularidades en la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La Unidad de Fiscalización aclaró que los detalles de las investigaciones se darán a conocer hasta que éstas hayan concluido y se hayan elaborado los proyectos de resolución que determinen si las respectivas quejas tienen fundamento o no.
“Somos dos órganos distintos, autónomos. Esta sala puede revisar lo que el IFE dictamina, pero eso no nos posiciona como un elemento de jerarquía”, dijo este miércoles el magistrado Olimpo Nava.
Los magistrados concluyeron que además de no tener facultades para exigir que el IFE resuelva de inmediato las quejas administrativas presentadas ante la Unidad de Fiscalización, la resolución de éstas “corre en paralelo a la resolución del juicio de inconformidad”, por lo que, desecharon el argumento del Movimiento Progresista de que sin la resolución de estas quejas, la sentencia del recurso de invalidez de la elección presidencial, se haría sin todas las pruebas.
El IFE informó este miércoles en un comunicado que la Unidad de Fiscalización "continúa con sus trabajos para agotar las diversas investigaciones de cada una de las quejas que se han presentado respecto a la elección" y que mientras éstas sigan en curso, no se podrá emitir información sobre esos procedimientos.
Según el instituto, "la información proporcionada por los partidos en la primera etapa (que concluyó el 27 de junio pasado) es insuficiente para permitir conclusiones responsables".
Independientemente de cómo se desarrolle la investigación de la Unidad de Fiscalización, el Tribunal Electoral deberá resolver antes del 6 de septiembre el juicio de inconformidad interpuesto por el Movimiento Progresista que busca invalidar los comicios presidenciales por presuntas violaciones al artículo 41 constitucional.
Rechaza participación de medios en el juicio
El órgano judicial también rechazó la solicitud de algunos medios de comunicación que pidieron participar como "terceros interesados" en el juicio de inconformidad, por estar mencionados en la denuncia interpuesta por el Movimiento Progresista para invalidar la elección.
“La responsabilidad de los medios de comunicación no es la litis en este juicio. No tiene ninguna relevancia (que los medios participen) para la pretensión final de la invalidez de la elección presidencial.
“Ellos están tratando de aclarar cuál fue su actuación pero solo para defender sus intereses, no tienen ninguna relación con la calificación de la elección de manera directa”, dijo el magistrado Manuel González Oropeza.
Entre los medios que pidieron participar como terceros interesados están Televisa, Milenio, Grupo Imagen y el periódico Excélsior.
“¿Por qué no aceptarlos? Porque no vienen a participar en un juicio de carácter político-electoral, sino a defender su labor”, señaló el magistrado Flavio Galván.
El juicio de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista, que apoyó al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, denuncia que algunos medios de comunicación apoyaron a Peña Nieto durante su cobertura de la campaña presidencial.
Según el recurso de impugnación, se dio "preferencia" al priista sobre López Obrador con la transmisión de notas informativas y entrevistas que no se identificaron como propaganda electoral.
El Tribunal Electoral es el encargado de entregar la constancia de presidente electo al candidato ganador, que según el cómputo distrital realizado por el IFE es Peña Nieto con el 38% de los votos, superando a López Obrador que obtuvo el 32%.
