El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) integrará a hablantes de lenguas indígenas a su grupo de peritos, para atender como auxiliares en los casos de indígenas involucrados en un proceso judicial.
El Consejo realizó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) “que permitirá seleccionar a los peritos lingüísticos (intérpretes y traductores) que cuentan con las competencias laborales necesarias para apoyar a los órganos jurisdiccionales, así como para auxiliar a los indígenas que son parte de un proceso judicial”, según un comunicado.
El artículo 2 de la Constitución establece como un derecho fundamental de los pueblos indígenas el pleno acceso a la jurisdicción del Estado. "Tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura", indica la CJF en el texto.
Esta medida se da luego de los casos de indígenas que han sido encarcelados en México injustamente. Como los casos de Teresa González y Alberta Alcántara, quienes estuvieron detenidas durante cuatro años por presuntamente secuestrar a seis agentes federales.
Ambas
González y Alcántara recibieron el apoyo de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Entre las
Otro caso es el de Jacinta Francisco Marcial, una mujer otomí acusada de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quien fue liberada en septiembre de 2009 luego de estar tres años encarcelada.