Suprema Corte analiza caso de militares que crearon pruebas contra civil
El caso de tres militares que inculparon a un civil por supuestamente ser dueño de un auto que contenía un costal con marihuana, es el segundo caso que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza este lunes como parte de los expedientes relacionados con los límites al fuero militar.
Las investigaciones realizadas por un agente del ministerio público militar en marzo del 2011 revelaron que el auto no pertenecía al civil inculpado por los miembros del Ejército, por el contrario, ellos habían extraído ilegalmente el auto de la casa de una mujer para después colocar el estupefaciente y presentar el vehículo como prueba.
Como resultado, el agente solicitó al juez de la quinta región militar girar una orden de aprehensión por el delito de falsedad en la declaración en contra de Clemente Hernández Jiménez, teniente de infantería; Antonio Martínez Morales, sargento segundo infantería y Aníbal González Rangel, cabo de infantería.
El juez militar encargado de resolver el caso, sin embargo, consideró que el asunto debería resolverse en un juzgado civil, ya que según él, se tendría que aplicar uno de los criterios utilizados en el caso Rosendo Radilla, “por encuadrar en la hipótesis de que la comisión de delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas (…) se afectaron los derechos humanos de los civiles”.
Con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) relativa al caso Radilla, la SCJN determinó en julio del 2011 que los casos relacionados con violaciones de derechos humanos cometidos por militares sobre civiles deben resolverse en juzgados comunes.
El caso del activista Rosendo Radilla, quien desapareció tras ser detenido por militares en 1974, fue uno de los primeros casos que la CoIDH resolvió en contra del Estado mexicano. En la sentencia del órgano regional, se dictó que México debe limitar el fuero militar lo más posible, sobre todo en casos de violaciones de derechos humanos.
Así como adoptar “las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales”.
Los ministros dan su postura
El proyecto de resolución de la SCJN para el caso 60/2012, que estuvo a cargo de la ministra Olga Sánchez, propone no solo que el expediente pase a una corte civil, sino que se devuelva al Ministerio Público para que se reintegre la averiguación previa al considerar que no se señalaron los delitos en los que se incurrió como resultado de la falsedad en la declaración.
El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia fue el único en declararse totalmente de acuerdo con el proyecto de resolución de Sánchez Cordero, mientras que Sergio Valls, Luis María Aguilar y José Ramón Cossío se manifestaron a favor de que el asunto se pase a un juzgado civil, pero no con devolverlo al Ministerio Público.
Los ministros Salvador Aguirre y Margarita Luna se manifestaron en contra de pasar el asunto a un juzgado civil al argumentar que no hubo víctimas civiles directas, ya que los militares no imputaron cargos contra el supuesto culpable.
“Durante la averiguación previa esto queda esclarecido (que el vehículo no era del civil inculpado) y se acredita con un video y con testimoniales de las personas, que el vehículo no fue encontrado donde los militares decían”, dijo Luna Ramos durante su exposición.
En la sesión de este lunes, faltaron por exponer su posicionamiento los ministros Arturo Zaldívar, Jorge Pardo y Juan Silva Mesa. La discusión de este caso se retomará este martes.