Un juez ordena el arresto de Tomás Yarrington por delitos contra la salud
Un juez federal emitió una orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por delitos contra la salud, informó este miércoles la Procuraduría General de la República.
La fiscal federal, Marisela Morales, dijo a la prensa este miércoles que Yarrington es considerado prófugo de la justicia, y que la PGR utiliza “todos los mecanismos” a su alcance para localizar al exgobernador.
“Se tuvo un intercambio de información con diversas instituciones, tanto en México como en el extranjero, en Estados Unidos”, dijo Morales, lo que permitió reunir los suficientes indicios para solicitar a un juez la orden de aprehensión por delitos contra la salud en modalidad de fomento.
En enero, la PGR confirmó que investigaba a Yarrington y a otros dos exgobernadores de Tamaulipas , Manuel Cavazos (1993 y 1999) y Eugenio Hernández (2005 y 2010), por presuntos nexos con prestanombres y negocios vinculados al crimen organizado.
Yarrington fue alcalde de Matamoros entre 1992 y 1995, gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004, e intentó en 2005 ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la república.
En Estados Unidos Yarrington está incovolucrado en dos investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
Según fiscales de Texas, Yarrington invirtió dinero obtenido de cárteles en bienes raíces en Texas y México a través de prestanombres, quienes le ayudaron a lavar "millones en ganancias de actividades de tráfico de drogas".
Según una acusación presentada el pasado 23 de mayo, el cártel del Golfo realizó pagos desde 1998 a funcionarios tamaulipecos y a candidatos a cargos de elección popular, a cambio de protección o de no intervenir con actividades como lavado de dinero o tráfico de drogas. Dicha práctica continúa hasta la fecha, según las autoridades estadounidenses.
Dos de dichos prestanombres, los empresarios Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga, fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Sonia de Pau García, esposa de otro supuesto testaferro de Yarrington, se acogió al programa de testigos protegidos de la PGR.
El exgobernador también fue nombrado en una demanda presentada a principios de año por fiscales texanos que acusan de lavado de dinero a Antonio Peña Argüelles, por medio de quien el cártel del Golfo y Los Zetas pagaron millones de dólares a funcionaros públicos tamaulipecos a través de bancos estadounidenses.
Tras la salida a la luz pública de las investigaciones en su contra, el exgobernador fue suspendido como militante del PRI a fines de mayo .
Yarrington ha declarado que el caso en su contra es una cacería política del gobierno federal. "Yo no tengo ninguna relación con el crimen organizado”, dijo en junio pasado en entrevista con la periodista Carmen Aristegui. “No he recibido sobornos y no he brindado protección a ningún delincuente”.
El senador Emilio Gamboa, al reaccionar sobre el anuncio de Morales, dijo que Yarrington “debe defenderse” y aseguró que la mayoría de los militantes del PRI son “hombres buenos”.
“El PRI hace tiempo se deslindó de él, estaremos atentos a cómo se defiende el exgobernador”, dijo el legislador del tricolor.
En tanto, Miguel Barbosa, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó la orden de aprehensión como “tardía”.
“Primero se evidencian hechos en otro país y después viene el apresuramiento para resolver en el nuestro”, dijo Barbosa, en relación a las investigaciones contra Yarrington en Estados Unidos.
Según el legislador, esto significa que “había hechos para hacerlo en otro tiempo y de que son asuntos de negociación política el crear una especie de inmunidad para políticos”.
Tamaulipas es uno de los estados que ha registrado enfrentamientos entre el cártel del Golfo y el grupo delictivo de Los Zetas, quienes se disputan el control de las rutas de tráfico de droga a Estados Unidos.
Con información de Tania L. Montalvo