Calderón aprovecha reforma política en el último trimestre de su sexenio
La Reforma Política publicada el 9 de agosto pasado permitió que el presidente Felipe Calderón presentara dos iniciativas preferentes vinculadas al manejo de recursos en los estados y la ley Federal del Trabajo.
El mandatario mexicano entregó este sábado a la LXII Legislatura dos iniciativas que deberán ser dictaminadas y votadas en la cámara de origen en 30 días naturales y procesadas en otros 30 días en la cámara revisora.
Para esto, Calderón hace uso de las facultades que le otorgó la reforma política, las cuales le permiten presentar dos iniciativas preferentes al inicio de cada periodo de sesiones, para atender, junto con el poder Legislativo, “las prioridades de la agenda nacional”, informó la Secretaría de Gobernación en un comunicado.
La primera, que será dictaminada en la Cámara de Diputados es para reformar la Ley Federal del Trabajo que propone el voto libre, directo y secreto para la elección de la directiva de los sindicatos.
El presidente pretende con esta reforma que se vuelva obligatoria la publicación de los resultados de la administración del patrimonio sindical, que incluye el manejo de las cuotas sindicales y otros bienes.
“Con esta iniciativa de reforma laboral, se atiende la imperiosa necesidad de modernizar nuestra legislación laboral que es un tema que ha estado en el debate público durante los últimos 15 años. La propuesta constituye una reforma estructural de gran calado e importancia por su impacto en la generación de oportunidades para los diversos sectores de la población”, cita el comunicado de Gobernación en el que informa de esta iniciativa preferente.
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La otra iniciativa, que será turnada en primera instancia al Senado, busca transparentar la información financiera de las entidades federativas.
En la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Calderón propone que los estados y municipios estén obligados a dar información presupuestaria y contable, “para que la sociedad pueda conocer cuántos ingresos obtienen, cuál es su fuente, en qué se gastan los recursos públicos, cómo se gastan, para qué se gastan y qué resultados se obtienen, así como, en general, cuál es la situación financiera de cada orden de gobierno”, según Gobernación.
Los gobernadores y presidentes municipales estarían obligados a dar detalles del gasto corriente y la inversión para mejorar la coordinación con el gobierno federal.
La iniciativa no prevé cambios en el rubro de sanciones contra autoridades que no informen sobre el uso de recursos e inversión, pues sólo establece un nuevo marco de vigilancia.
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Otra iniciativa de final de sexenio
El pasado 30 de agosto, el presidente Calderón envío al Congreso una nueva iniciativa sobre la Ley General de Atención y Protección a Víctimas, después de que en julio inició una controversia con el Legislativo por su publicación.
Tras la aprobación de una primera propuesta de esta ley en abril pasado, el gobierno federal se negó a promulgarla por considerar que necesitaba mejoras para evitar que los gobiernos estatales se nieguen a cumplirla.
La nueva iniciativa entregada por Calderón propone que la atención a víctimas sea una tarea compartida entre los tres niveles de gobierno y que quien pida apoyo no vea condicionada su calidad de víctima a la identificación, aprehensión, procesamiento o condena del criminal.
Con esta iniciativa se busca crear la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas, que actuará como una réplica en las entidades de las actividades de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Provictima).
Para la reparación del daño, se propone que los delincuentes reparen el daño que ocasionan y que la autoridad gubernamental se haga cargo de reparar las violaciones a los derechos humanos.
“La reparación de los daños no solo será económica ya que también se establece la reparación a través de la restitución de los derechos de la víctima y el reconocimiento público de su dignidad, su buen nombre y su honor”, informó Presidencia.
Asimismo, la iniciativa de Calderón propone crear el Registro Nacional de Víctimas, una base de datos que contendrá datos de los tres órdenes de gobierno sobre los procesos de atención a las víctimas.