Zedillo enfrenta día clave en el proceso judicial por la matanza en Acteal
Este viernes vence el plazo para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informe a una corte federal si el expresidente de México Ernesto Zedillo, quien es acusado por la masacre de 45 indígenas tzotziles en Chiapas en 1997, tiene inmunidad diplomática.
Sin embargo, hasta las 21:30 (hora del centro de México), ni la dependencia ni la corte habían emitido información sobre el caso.
Zedillo, que gobernó México entre 1 de diciembre de 1994 a 30 noviembre de 2000, ha negado los cargos y sostiene que en su carácter de exmandatario goza de inmunidad para ser juzgado por hechos ocurridos durante su gobierno.
De la decisión del Departamento de Justicia depende el giro que tomará la demanda presentada el año pasado por 10 supuestos familiares de víctimas que piden 50 millones de dólares, la cual abre un nuevo frente judicial a miles de kilómetros de Acteal.
Levantamiento armado
La madrugada del 1 de enero de 1994, un alzamiento armado tomó por sorpresa a México y al mundo. Un millar de indígenas armados, que se hacen llamar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), toman seis poblaciones chiapanecas, liderados por un hombre que se hace llamar subcomandante Marcos.
Los rebeldes le declaran la guerra al gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, cuyo sexenio está a 11 meses de terminar.
Tras un breve periodo de combates, Salinas anunció un alto el fuego y el inicio de un diálogo con los rebeldes. Sin embargo, en el estado del sur de México se comenzó a forjar un caldo de cultivo que culminó con una de las peores masacres que ha registrado México.
Para fines de ese año, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernaba México desde hacía más de seis décadas, había ganado la elección presidencial de 1994, y Ernesto Zedillo había asumido la presidencia.
Surgimiento de grupos paramilitares
Aunque el gobierno de Zedillo negociaba al igual que lo hizo el de Salinas, no se detuvo la militarización de Chiapas, donde se registró el surgimiento de grupos paramilitares.
A uno de dichos grupos se le atribuye el asesinato de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997, mientras rezaban en la comunidad de Acteal.
Ese día, un grupo de 100 hombres armados irrumpió en la pequeña comunidad de Los Altos de Chiapas, y asesinó a los indígenas tzotziles, entre los que había hombres, mujeres y 15 niños. El hecho está considerado entre los incidentes más brutales del conflicto armado que inició tres años antes.
Aunque las autoridades dijeron que la matanza fue motivada por una disputa de tierras entre habitantes de dos comunidades de la etnia tzotzil, los parientes de las víctimas afirman que fue causada por cuestiones políticas.
Tras los hechos, 34 indígenas fueron detenidos, enjuiciados y declarados culpables, pero en agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 20 de ellos y reenjuiciar a otros seis al argumentar que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas para inculparlos.
En febrero pasado, la Suprema Corte ordenó la inmediata liberación de otras siete personas . Los ministros llegaron a la conclusión de que se vulneraron los derechos constitucionales de los sentenciados, al ser condenados tras la presentación de pruebas ilícitas, lo que es “razón suficiente para declarar su inmediata libertad”.
El caso vuelve a los titulares
En septiembre del año pasado, 10 personas demandaron al expresidente Zedillo en una corte de la ciudad de New Haven, Connecticut —lugar donde reside el exmandatario y quien se desempeña como director del Centro para Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale—, por su presunta participación en los hechos.
Según los demandantes, cuya identidad se ha mantenido reservada supuestamente por motivos de seguridad, Zedillo permitió que comunidades opuestas al zapatismo se armaran directamente del Ejército, o de grupos ligados al Ejército, para intimidar a simpatizantes de los rebeldes.
La demanda dice que con esto se inició en 1997 una serie de asesinatos y secuestros en los Altos de Chiapas que culminaron con el desplazamiento interno de personas, entre las que se encontraban las que murieron en Acteal.
La defensa de los 10 familiares de víctimas afirma que la masacre ocurrió tras implementarse en el sureño estado un supuesto plan llamado Chiapas 94, con el que se pretendía terminar con la insurgencia a través de la conformación y entrenamiento de grupos paramilitares.
En enero pasado, Zedillo argumentó, en un documento judicial que entregó a tribunales de Estados Unidos, que su estatus como exmandatario le da inmunidad e impide que sea procesado por la masacre de Acteal. También negó las acusaciones de que su administración haya sido responsable en alguna forma por la masacre.
"Estas acusaciones anónimas de que el presidente Zedillo fue cómplice de alguna forma en los eventos de Acteal carecen de fundamento y son indignantes", señala el texto.
El equipo legal de Zedillo había sostenido que la demanda obedece a razones políticas y solicitó de manera reiterada a la corte desecharla debido al daño que causa a la imagen pública de su representado. Jonathan Freiman, representante legal de Zedillo, ligó la demanda a los procesos electorales de México del año 2012, en documentos ingresados a la corte.
