El Senado aprueba iniciativa para reformar la Ley de Contabilidad

La ley ordena a las dependencias públicas transparentar sus gastos a través de internet y da acceso a los sistemas de la Auditoría Superior
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El Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entregó el Poder Ejecutivo y que ordena a las dependencias públicas publicar sus gastos en internet.

Los senadores aprobaron la reforma con 104 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.

La reforma, avalada también en lo particular, fue turnada a la Cámara de Diputados, que ahora tendrá 30 días para dictaminarla y aprobarla o rechazarla ante el pleno, de lo contrario será considerada aprobada de manera automática.

La ley otorga acceso a los sistemas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e instancias de fiscalización, control y evaluación de las entidades.

Asimismo la ley ordena a los entes públicos colocar en internet la información sobre los montos pagados por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario y el monto recibido.

Al respecto, el presidente Calderón agradeció desde su cuenta de Twitter la aprobación de la reforma. “Muchas gracias a las senadoras y a los senadores que votar (sic) en favor de la Iniciativa Preferente de Transparencia Gubernamental”, dijo.

El mandatario mexicano entregó el 2 de septiembre a la LXII Legislatura

por los legisladores en 30 días naturales y procesadas en otros 30 días en la cámara revisora.

La primera fue la Ley Federal del Trabajo, cuyo 

 con 261 reservas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, este miércoles, a pesar de la inconformidad de los partidos de izquierda, segunda fuerza política en la Cámara baja.

La otra iniciativa es  la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la que Calderón propuso que los estados y municipios estén obligados a dar información presupuestaria y contable, según Gobernación.

La iniciativa no prevé cambios en el rubro de sanciones contra autoridades que no informen sobre el uso de recursos e inversión, pues solo establece un nuevo marco de vigilancia.