Estado mexicano admite responsabilidad en un caso de desaparición forzada
El Estado Mexicano reconocerá este lunes su responsabilidad en el caso de la tortura y desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, informó en un comunicado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Gutiérrez Olvera fue detenido arbitrariamente en marzo de 2002 por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y su caso fue presentado ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 3 de julio del 2003, pero fue admitido hasta 2010.
El expediente, presentado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), incluye como víctimas también a los familiares del joven que en ese entonces tenía 24 años, ya que la madre de Gutiérrez Olvera y un testigo fueron amenazados de muerte y hostigados por denunciar lo ocurrido.
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la de Relaciones Exteriores estarán presentes este lunes en el acto organizado por la CDHDF, en el que el gobierno federal admitirá su responsabilidad.
Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), el gobierno federal ha reconocido varios casos de violaciones de derechos humanos y ha tenido que reparar los daños, como resultado de sentencias emitidas por la CIDH en contra del Estado mexicano.
Entre los casos más emblemáticos destacan: el del Campo Algodonero , en el que murieron mujeres de entre 15 y 19 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 2001; la desaparición forzada del activista social de Guerrero, Rosendo Radilla, en 1974 ; y por la tortura y el abuso sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo .
Antecedentes del caso Gutiérrez Olvera
Después de ser detenido por agentes de la AFI y la PGJDF, Gutiérrez Olvera —en ese entonces de 24 años— fue trasladado a las instalaciones de la PGR, donde no hay registro de su detención a pesar de que testigos declararon haber visto su llegada, según la CDHDF.
“Además existen testimonios sobre la tortura perpetrada durante su interrogatorio y de haber perdido la vida durante su estancia en las instalaciones estatales”, detalla en un comunicado la dependencia capitalina.
El 15 de diciembre de 2009, la madre Jesús Ángel, Leonor Guadalupe Olvera, fue detenida por presunta posesión y venta de estupefacientes en su domicilio. Según testimonios de la madre y de los hermanos de Jesús Ángel, al momento de su detención, los policías federales que irrumpieron a su casa para detenerla no mostraron órdenes de cateo. Leonor Guadalupe estuvo en prisión un año.
Tras ser liberada, y después de que la CIDH admitiera la demanda por el caso Gutiérrez Olvera, en febrero del 2011, Leonor Guadalupe participó en una audiencia donde solicitó que el Estado mexicano localizara a su hijo y pidió que se enjuiciara a todos los responsables de su desaparición.
Hasta ahora, únicamente uno de los servidores públicos denunciados ha sido sentenciado por la desaparición forzada de Jesús Ángel.