Inés y Valentina: 10 años en espera de justicia por abuso sexual y tortura

A dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera una sentencia en contra del Estado mexicano por el abuso sexual y tortura de las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo a mano de militares en 2002, los responsables no han sido detenidos.

Alejandro Poiré, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que se sigue trabajando en dar cumplimiento a las medidas de reparación de daños dictadas por la CoIDH , pero explicó que la detención de los culpables también es responsabilidad de las autoridades locales (del estado de Guerrero).

“Se está trabajando en todos los elementos para el cumplimiento de esta sentencia, hay algunos de estos elementos que requieren también de la participación del fuero común, del gobierno del estado, estamos trabajando de manera sistemática, pero creo que está absolutamente clara la responsabilidad y el compromiso del gobierno federal por avanzar plenamente en el cumplimiento de estas y las demás sentencias”, explicó Poiré en conferencia de prensa.

Santiago Aguirre, abogado de Inés y Valentina e integrante de Tlachinollan, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, aseveró que los militares responsables de las violaciones están plenamente identificados y que las detenciones no se han realizado porque la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a colaborar.

“La prioridad de Inés y Valentina es que los hechos no queden en la impunidad. Ellas ya señalaron a los culpables con nombre y apellido”, dijo el abogado en entrevista con CNNMéxico. Los militares siguen estando en activo y se sabe a qué batallón pertenecen, agregó.

Aguirre señaló que contrario a los dichos de Poiré, los casos están siendo procesados por el Ministerio Público federal, por lo que las autoridades guerrerenses no tienen nada que ver.

Inicialmente, los casos de las dos indígenas estaban siendo procesados ante un tribunal militar, pero como resultado de otra sentencia de la CoIDH contra el Estado mexicano –el caso de la desaparición forzada del activista social Rosendo Radilla– se determinó que cualquier caso relacionado con violaciones de derechos humanos a mano de militares contra civiles lo debe de procesar un juez civil.

En respuesta a dicha disposición del órgano regional, el 12 de agosto de 2011, la Procuraduría de Justicia Militar notificó que las averiguaciones habían sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR).

En agosto de este año, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, además, que  cualquier delito cometido por militares en contra de civiles deberá procesarse en un juzgado civil .

Según los informes que el gobierno mexicano ha enviado a la CoIDH, actualmente el expediente se encuentra en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), pero los documentos no se han consignado a un juez federal.

Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron torturadas y violadas por elementos del Ejército mexicano en 2002 en sus comunidades de origen, en la región de la Montaña de Guerrero.  Ante la falta de respuesta de las autoridades , decidieron interponer una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2003.

Como resultado de dichas gestiones,  la CoIDH emitió una sentencia en contra del Estado mexicano , en la que entre otras cosas lo obligaba a reparar los daños con una disculpa pública y con indemnizaciones, así como a sancionar a los responsables de las violaciones.

Si bien en diciembre de 2011 el  titular de la Segob se disculpó públicamente  por la tortura y abuso de las indígenas guerrerenses, en marzo de 2012, Max Diener Sala, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, admitió que las autoridades no habían podido encontrar evidencias sólidas que permitan inculpar y detener a los presuntos violadores de la indígena guerrerense Inés Fernández.

“Tiene deficiencias muy importantes (el expediente), eso no exime que se puedan encontrar a los responsables, pero es una labor mucho más complicada, y sobre todo porque no es nada más encontrarlos, sino porque hay que probar la culpabilidad en un proceso penal y finalmente que exista la sanción”, explicó Diener en ese entonces.

Según los últimos reportes que las autoridades mexicanas han enviado a la CoIDH para informar sobre los avances en el cumplimiento de las sentencias, siguen sin contar con elementos para detener a los presuntos culpables.

En otro documento elaborado por Tlachinollan con el recuento de los casos, se advierte que en el caso de Inés, las pruebas médicas que probaban la violación fueron extraviadas por el agente del Ministerio Público que tomó la declaración.

Si bien en el caso de Valentina, las pruebas fueron entregadas al juez militar encargado de la investigación, la supuesta falta de pruebas en contra de los presuntos culpables lo llevaron a archivar el caso en febrero de 2004. El caso fue reabierto en 2008, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportara que había decidido investigar sobre las presuntas violaciones.

El abogado de Inés y Valentina explicó que en casos de tortura y abuso sexual, la identificación de los culpables por parte de las víctimas normalmente se considera como una prueba válida para detener a los presuntos responsables. Sin embargo, en el caso de las dos mujeres indígenas, no se han querido tomar en cuenta sus declaraciones.

“Tanto las víctimas como su defensa legal lo que pedimos es que el juez gire órdenes de aprehensión, pues el Ministerio Público federal ni siquiera ha presentado la averiguación previa al juez”, dijo.

El abogado indicó que aún con el tiempo que ha tomado cumplir con la sentencia de la CoIDH,  no han perdido la esperanza de que los culpables sean detenidos en el corto plazo.

CNNMéxico contactó a la Sedena para conocer su versión de los hechos, pero hasta la publicación de la nota no había recibido respuesta.