Cobertura universal de salud: más beneficiados, sin los mismos derechos

Uno de los logros más destacados por el presidente Felipe Calderón durante su gobierno es haber alcanzado la cobertura universal de salud.

Organizaciones internacionales y académicos no son tan optimistas respecto a los resultados del Seguro Popular, programa a través del cual se ha logrado registrar a 52.6 millones de mexicanos. Sumados con los asegurados por otras instituciones públicas, según cifras oficiales el 96% de la población tiene acceso a servicios públicos de salud, algo que nunca antes se había logrado.

“Podemos decir que México tiene cobertura universal, por una razón muy sencilla. Aunque es una cobertura universal voluntaria, cualquier mexicano que solicite el servicio y no esté afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE) y otros sistemas de protección de salud, en el momento en que lo requiera, si no tiene la póliza, se le tramita la póliza. Hoy, 52.6 millones de mexicanos tienen una póliza vigente”, explicó David García Junco Machado, comisionado de Protección Social en Salud.

Para tener acceso a los servicios de salud ofrecidos por el IMSS o el ISSSTE es necesario tener un empleo formal. Para poder recibir atención médica en el IMSS, trabajador y empleador pagan una cuota mensual. El ISSSTE solo atiende a los empleados del gobierno.

Según su catálogo de servicios, el Seguro Popular cubre casi 300 intervenciones médicas relacionadas con 1,407 enfermedades y la población con menores ingresos no necesita hacer ninguna aportación económica.

Sin embargo, esta cobertura no significa una igualdad en los derechos de los beneficiarios de los diferentes esquemas de salud, considera Rodolfo de la Torre, director de la Oficina de Investigación de Desarrollo Humano en México de Naciones Unidas.

 “Los derechos están garantizados para aquellos que tienen la protección social debido al trabajo en el que laboran, aquellos que están en el sector formal, y que es muy diferente a aquellos que por diversas circunstancias no están en el sector formal y tienen que acudir al Seguro Popular, lo que significa es que tenemos un sistema de salud con una dicotomía de derechos”, dijo a CNNMéxico.

Es decir, según investigaciones financiadas por la ONU, los afiliados al IMSS y al ISSSTE siguen teniendo mayores beneficios que los usuarios del Seguro Popular.

Esto debido a que en el IMSS y en el ISSSTE no hay limitaciones en cuanto a los padecimientos que se cubren, a diferencia del Seguro Popular, que cubre únicamente los más comunes entre los mexicanos.

De la Torre considera que estas diferencias podrían eliminarse únicamente si se acaba con el sistema de aportaciones personales con las que se financian el IMSS y el ISSSTE. En el caso del Seguro Popular, únicamente el 40% de la población con los más altos ingresos están obligadas a pagar por los servicios médicos.

Para alcanzar niveles de cobertura universal como los que tienen el Reino Unido y Canadá –países donde cualquiera que viva en el país por temporadas mayores a seis meses tiene acceso al servicio público de salud– sugiere que la salud pública se financie vía impuestos que se le cobran directo a todos los ciudadanos.

“Esto es algo que puede representar un cambio mayor en el sistema nacional porque puede representar una apertura total a todo tipo de personas a los servicios de salud y al mismo tiempo una mayor carga impositiva, sobre todo a los que están fuera del sistema fiscal en estos momentos”, dijo en entrevista.

El Seguro Popular no solo no da los mismos beneficios que el IMSS y el ISSSTE, sino que tampoco ha logrado superar problemas como el desabasto de medicamentos y los largos tiempos de espera, obstáculos que se había propuesto superar al momento en que fue puesto en marcha, según Marisol Luna, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Este tipo de problemas han llevado a las familias a seguir desembolsando montos significativos de dinero en medicamentos y en clínicas privadas que les dan servicios de mejor calidad, agregó Luna.

“Algunos estudios nos han reportado que debido a los problemas de insatisfacción, tiempos de espera prolongados, distancias o demás, estas familias al momento de tener que ir a consulta externa prefieren acceder a los sistemas privados, por lo tanto tienen que desembolsar para cubrir estas necesidades y no solamente es la consulta sino también los medicamentos”, explicó la académica.

Estudios realizados por la investigadora revelaron que la población de bajos ingresos afiliada al Seguro Popular realiza un gasto de bolsillo hasta 55% mayor si se compara con los afiliados los otros esquemas públicos de salud.

Luna llegó a dichas conclusiones después de analizar los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la que se registraron los desembolsos que 75,338 familias realizan en servicios médicos.

A pesar de esto, según investigaciones realizadas por Julio Frenk, exsecretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox, y actual investigador de la Universidad de Harvard, la mayoría de los 52.6 millones de mexicanos afiliados al Seguro Popular ya no realizan gastos catastróficos, es decir, el pago por intervenciones mayores.
Según sus estimaciones, en el año 2000, casi cuatro millones de familias se veían obligadas a realizar gastos catastróficos que los empobrecían.

Mayra García, afiliada al Seguro Popular desde Guadalajara, Jalisco, dijo estar satisfecha con el servicio y por eso decidió continuar tratando su embarazo con dicho esquema ahora que vive en el Estado de México.

“Muy bien en atención médica, respecto a medicamentos también y respecto a eficacia también nos han atendido muy bien”, indicó a CNNMéxico.

Ella atenderá su embarazo en el Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini” en la capital mexiquense.

El comisionado de Protección Social en Salud detalló que si bien los avances de 2004 –año en el que comenzó a implementarse el Seguro Popular– al 2012 han sido significativos, en efecto, se han enfrentado con problemas de desabasto de medicamentos o largos tiempos de espera a los que son sometidos los pacientes.

Sin embargo, explicó que al ser una de las políticas públicas más evaluadas, se ha trabajado continuamente para su mejoramiento.

“El seguro popular sí es una política pública con un gran esfuerzo de estar monitoreando cuáles son los resultados y cuáles son las áreas de mejora por evaluadores independientes que han sido desde universidades extranjeras, hasta universidades públicas como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad de Chapingo y muchos otros”, indicó.

Pese a sus deficiencias, el funcionario dijo que es uno de los programas mejor evaluados del gobierno del presidente Calderón y han llegado a alcanzar hasta un 94% en cuanto a niveles de satisfacción de los usuarios.

John Scott, académico del CIDE, señaló en un estudio de 2010 que el gasto que se ha realizado para la implementación del Seguro Popular no se ha traducido en beneficios directos para los usuarios.

Según información gubernamental, en 2006 el programa recibió 18,000 millones de pesos, monto que en 2010 sumó 52,000 millones, es decir, un aumento de casi el 200%.

Scott indicó que pese al creciente gasto, la calidad de los servicios es pobre y es un tema pendiente por mejorar, pues el índice de desarrollo humano en su apartado sobre la salud no ha mostrado mejoras sustanciales.

Ya lograda la cobertura universal, García Junco indicó que se seguirá trabajando en mejorar los servicios que recibe la población.