Madres de migrantes abogan por creación de un banco de datos forenses
Organizaciones que se reunieron en Arriaga, Chiapas, con la caravana Liberando la Esperanza, formada por madres de migrantes centroamericanos desaparecidos en México, calculan que existen 100,000 muertos no identificados en el país, entre ellos migrantes sepultados en fosas comunes y clandestinas.
La cruz colocada casi a ras de la tierra tiene la leyenda 11FEDCCI-CJ02/2012, la única referencia de la persona que fue sepultada en ese lugar. Alrededor hay otras tumbas que tiene el nombre con el que fueron registrados en la casa del migrante, como en el caso de Sedequías López Zona.
Se trata de más de 50 enterramientos de personas no identificadas ubicadas en las fosas comunes en el panteón municipal de Arriaga.
A ese sitio, ubicado en la costa de Chiapas, llegan cientos de migrantes cada día para abordar el tren que los llevará al centro del país. Aquí inician las vías del ferrocarril de carga, a donde suben los migrantes que carecen de recursos para ir hasta la frontera con Estados Unidos.
Para llegar a esta población antes debieron entrar por la frontera de Tecun Uman, ubicado en Ciudad Hidalgo, y cruzar por Tapachula, localizado a 20 kilómetros. Es en esta última ciudad a donde en agosto pasado el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la organización Voces Mesoamericanas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, y autoridades estatales, exhumaron 73 cadáveres de la fosa común municipal, los cuales pertenecerían a migrantes centroamericanos.
El objetivo es formar un Banco de Datos Forenses, el primero que se implementa en México, y con el cual se espera identificar a los cadáveres, a través de comparar su ADN con los registros que existen en los bancos de datos que ya hay en Honduras y El Salvador, conformados con identidades de los familiares de los migrantes desaparecidos de esos países.
Aldo Ledón Pereira, representante de la organización Voces Mesoamericanas, explicó a las madres y a quienes integran la caravana de migrantes desaparecidos, que el objetivo es crear un banco de datos forense en México, con los registros de ADN de quienes están en las fosas comunes de las ciudades ubicadas en la ruta migratoria que utilizan para llegar a Estados Unidos.
Hacer este trabajo implica erogar recursos millonarios. Los laboratorios cobran 50 dólares para obtener el ADN de tejido o sangre, y 500 dólares cuando por las condiciones de los cadáveres, el único lugar donde puede obtenerse son los huesos. A esta suma hay que agregarle los costos de exhumar los cadáveres, sacar las muestras, y preservarlos nuevamente para cuando una vez que sea identificado pueda ser entregado a sus familiares.
Para exhumar los cadáveres de Tapachula se utilizaron recursos recibidos por donaciones. Estos solo alcanzaron para los gastos que implicaba el tratamiento a 73 osamentas. El proyecto original implicaba exhumar todos los restos no identificados que hay en Tapachula, Ciudad Hidalgo y Arriaga, “sin embargo, el recurso no alcanzó, y aún en el cementerio de Tapachula quedaron varios cuerpos más”, explicó Aldo Ledón.
Detalló que si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene un registro de 26,000 muertos no identificados en México, entre migrantes centroamericanos y mexicanos, y personas fallecidas en el marco de las acciones de combate a la delincuencia organizada; organizaciones no gubernamentales, entre ellas Voces Mesoamericanas, calculan que la cifra podría alcanzar los 100,000, muchos de los cuales se encuentran en fosas clandestinas ubicadas a lo largo de la ruta migratoria.
En este marco, coincidió con las madres de los centroamericanos, en que debe exigirse al Estado mexicano la identificación de las osamentas, porque la mayoría de las muertes ocurrió en el marco de una política de Estado que trajo consecuencias como la criminalización de la migración, lo que obliga a los migrantes a utilizar rutas donde ponen en riesgo su vida, y son víctimas de la delincuencia que también los asesina.
Clementina Murcia, madre de un migrantes desaparecido hace más de 10 años, explicó que está consciente que encontrarlo con vida es una posibilidad remota. En su país de origen, Honduras, su registro de ADN ya forma parte del banco de datos forense, y espera que lo comparen con las muestras que se obtengan en México.
“Soy vieja, tengo más de 60 años, pero como madre no podré morir en paz si no sé qué pasó con mis hijos. Por eso le pido al gobierno de este país que cumpla su obligación de identificar a los migrantes muertos… y por favor, que no nos quiera engañar entregándonos los cuerpos de personas que no son nuestros familiares, porque ya lo han hecho”, dijo en la reunión.
Ledón Pereira sostuvo que identificar y entregar los restos de los migrantes a sus familiares, “aunque sea solo un caso, vale la pena cualquier recurso”.
“Yo sé que es importante buscar entre los vivos, localizar vivos a los migrantes desaparecidos, pero también debemos atender nuestra realidad en México, reconocer la muerte de miles de migrantes para tratar de identificarlos y darle una certeza y paz a sus familiares”, añadió.
