El Congreso da el aval definitivo a la Ley de Contabilidad Gubernamental
La reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, una de las dos iniciativas preferentes que el presidente Felipe Calderón entregó al Congreso mexicano en septiembre, recibió este martes la aprobación definitiva y fue enviada al gobierno para su promulgación.
El aval al documento se produjo luego de que el Senado diera el visto bueno a los cambios que hizo la Cámara de Diputados .
Los senadores ya habían aprobado la reforma a finales de septiembre, pero por ley debían revisar esas modificaciones.
La aprobación definitiva al documento en el pleno del Senado se dio por 103 votos a favor y cinco en contra.
Entre otros puntos, el texto plantea que los gobiernos federal, estatales y municipales deban homologar los criterios para presentar sus reportes financieros y hagan pública esa información en sus sitios web con un lenguaje claro.
También señala que los funcionarios que alteren o falsifiquen documentos sobre finanzas gubernamentales, u omitan notificar de irregularidades cometidas por otros, podrán ser castigados con penas de dos a siete años de prisión y multas de 62,000 a 31 millones de pesos (4,800 a dos millones 400,000 dólares).
El objetivo de esas medidas, según la propuesta de Calderón, es transparentar la rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno.
El senador Raúl Gracia, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera —una de las que revisaron las modificaciones realizadas por la Cámara baja—, dijo que el documento ayudará a combatir la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
A pesar del apoyo a la iniciativa, otros legisladores señalaron que la reforma debería ir acompañada del establecimiento de más sanciones para los funcionarios que no cumplan la ley.
"No va a bastar con tener información que sea comparable, que sea homogenea (...) si no se fortalece la rendición de cuentas a partir de la información que vamos a tener ahora", dijo desde la tribuna Mario Delgado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La reforma fue enviada al Congreso con carácter de preferente, lo que obligaba a cada cámara legislativa a votarla a más tardar en 30 días. Ambas lo hicieron dentro de ese plazo pero tuvieron que hacer nuevas revisiones, lo que retrasó la aprobación defintiva.
Todo el proceso tomó 67 días, siete más que los previstos en la Constitución para el trámite de una iniciativa preferente.
La otra propuesta presentada con ese carácter es la reforma laboral, que primero fue aprobada por la Cámara de Diputados y después por el Senado, aunque éste hizo cambios que debe revisar la Cámara baja.
Las modificaciones, que establecen nuevas obligaciones para los sindicatos, son rechazadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —primera fuerza en el Congreso— y fueron enviadas a dictaminación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El órgano sesionará este mismo martes para discutir los puntos en conflicto.
