Una ONG pide a la Corte revisar el impacto de la construcción de presas

La organización civil Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) solicitó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal de México, revisar las afectaciones que han causado la construcción de presas hidroeléctricas en el país y solicitó detener la edificación de algunas. 

Alrededor de 185,000 personas —la mayoría indígenas— han sido desplazadas de sus hogares por estas construcciones, informó el TPP, una organización con sede en Italia que se define como un "tribunal ético" y que busca “privilegiar los derechos de los pueblos” en temas como agricultura, migración, deforestación y violencia contra mujeres y comunicadores.

Magdalena Gómez, del Consejo de Garantes del Capítulo México del TPP, dijo en rueda de prensa que la agrupación elaboró un documento que incluye recomendaciones para el Estado mexicano en materia de construcciones. "En algunos casos se exhorta a considerar la cancelación de algunas presas”, explicó.

Luego de entregar el documento a la SCJN, activistas, académicos y exfuncionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo expusieron ante medios en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Miloon Kothari, exrelator especial de la ONU sobre el derecho a una
vivienda adecuada, dijo que Naciones Unidas ha documentado una “violación sistemática de los derechos humanos de las personas afectadas” por la construcción de presas desde hace 40 años.

Maude Barlow, exasesora principal sobre el agua en la Asamblea General de la ONU, señaló que recientemente recabó “testimonios horribles” en Temacapulín, Jalisco, un pueblo que será “inundado” por la construcción de  la presa El Zapotillo .

“Hemos escuchado historias muy fuertes de torturas y de cárcel entre las personas afectadas”, dijo Barlow, quien describió a las presas como “amenazas” para los pueblos.

En julio de 2011, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, defendió ante legisladores de Jalisco el proyecto de El Zapotillo, bajo el argumento de que se trata de una obra importante para el desarrollo de la región.

“(Las construcciones) cumplen funciones estratégicas de abastecimiento de agua potable, uso agrícola y de protección a la población ante inundaciones”, dijo entonces.

Otro ejemplo que expusieron los activistas fue el de la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, cuya construcción desplazó hace 40 años a un pueblo entero de chinantecos que fueron ubicados en una zona selvática del municipio de Uxpanapa, al sur de Veracruz.

Ante situaciones de este tipo, el documento del TPP pide a las autoridades mexicanas detener edificaciones que puedan tener afectaciones sociales.

“(El grupo) recomendó revisar la política energética nacional con el objetivo de establecer una estrategia que reconozca y proteja los derechos humanos, individuales y colectivos reconocidos en el orden jurídico mexicano e internacional”, señala el texto.

Los casos de comunidades desplazadas, según el TPP, son los de las presas Paso de la Reina y Cerro de Oro, así como la ampliación de esa misma presa en Oaxaca; La Parota, en Guerrero; Las Cruces, El Cajón y La Yesca, en Nayarit; El Naranjal y Zongolica, en Veracruz, y El Zapotillo y Arcediano, en Jalisco.