Madres de desaparecidos en huelga de hambre logran respuesta del gobierno
La pequeña casa de plástico tiembla con las corrientes de viento. Durante siete días, este rectángulo sostenido con cintas adhesivas fue la fortaleza para un grupo de madres de desaparecidos en huelga de hambre.
Margarita López, Julia Alonso y Malú García resistieron siete días sin comer afuera de la oficina del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, como medida de presión para que se revisaran los casos de desaparición de sus hijos. Dicen que están llenos de inconsistencias y que faltan peritajes.
Margarita es de Michoacán y perdió en Oaxaca a su única hija, en abril de 2011; Julia es de Guerrero y su hijo desapareció en Nuevo León en enero de 2008. Malú, en tanto, es una defensora de derechos humanos de Chihuahua que hizo el ayuno en solidaridad.
En la semana del 6 al 12 de noviembre, Poiré las visitó dos veces. Este lunes por la noche levantaron la huelga tras una tercera reunión con las autoridades, que prometieron resolver sus peticiones.
La madrugada de este martes, la ambulancia que hacía guardia de 24 horas junto al campamento se había marchado. También se fueron hombres y mujeres con familiares perdidos en el Estado de México, el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca, Guerrero y otros lugares del país, quienes acompañaron de día y de noche a las manifestantes.
Eran papás y mamás que también esperaban la atención de las autoridades a sus demandas, historias que parecen cortadas con la misma tijera: hijas, padres o hermanos a quienes "se los tragó la tierra"; recorrido de morgues, vistas a fosas comunes, idas y venidas a ministerios públicos, sobornos, economías desgastadas, amenazas y cartas a gobernadores y procuradores.
En México no hay cifras de desaparecidos y tampoco protocolos para compartir información, mucho menos un banco nacional de ADN, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado más de cinco mil desapariciones en el gobierno que está por concluir y al menos nueve mil cuerpos sin identificar.
"Estamos aquí porque no tenemos justicia", dijo Margarita horas antes de irse, pegada a una botella de agua con miel, recuperándose después de una recaída por la falta de alimentos.
"No nos vamos a levantar hasta que nos solucionen nuestros problemas o las peticiones que les dimos. Ya estamos hartas, de verdad, de que nos den una palmadita, nos ofrezcan un cafecito con galletas y nos digan: 'Vuelva la próxima semana'”, había dicho la madre michoacana.
Poiré les prometió reuniones con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto y encuentros con los gobernadores de los estados donde desaparecieron sus seres queridos.
Julia, Margarita y Malú pertenecen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundado por el poeta Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo en Temixco, Morelos. Sin embargo, la organización nunca estuvo de acuerdo con esta huelga de hambre.
¿Qué busca Julia?
Hace 31 años, Julia Alonso pensó que tendría una hija, pero el ultrasonido arrojó un resultado opuesto.
Quería que se llamara como ella, la abuela paterna pedía que se llamara Alberto, y la abuela materna decía que José. Al final, lo bautizaron como Julio Alberto José López Alonso, "para que nadie se peleara".
La última vez que supo de su hijo fue cuando viajó de Acapulco a Monterrey, el 8 de enero de 2008. Iba con unos amigos a una fiesta, pero nunca los volvieron a ver. Ahí empezó la búsqueda de esta empresaria, que por una serie de amenazas tuvo que mudarse de Acapulco a la Ciudad de México y después a Estados Unidos.
"Un hijo lo pierdo, otro no", dijo Julia con voz gruesa desde un colchón sin cobija, un día antes de retirarse de la carpa.
Acusó que en estos cinco años de la desaparición no hay diligencias, ni entrevistas a los familiares de las demás víctimas, ni detenidos. "Archivaron el expediente", aseguró.
Malú le ayudó a revisar papel por papel y acordaron que la única manera de agilizar el caso era a través de una huelga de hambre. Así que el martes 6 de noviembre se plantaron afuera de Gobernación y de a poco llegaron personas en la misma situación, familiares de desaparecidos en busca de que las autoridades atendieran sus demandas.
"Le pedí el apoyo a Margarita, porque Margarita también es del Movimiento (por la Paz) y me dice: 'Amiga, hasta la victoria, ¿a dónde y a qué horas? Ya hasta me estoy poniendo los zapatos'", contó Julia.
Entre sus peticiones, Julia quiere entrevistarse con los gobernadores de Nuevo León y de Guerrero; busca que el ministerio público que lleva el caso le entregue una copia del expediente, y un equipo especial para la investigación.
Margarita quiere más pruebas de ADN
Margarita López es originaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Yahira Guadalupe Baena López, su única hija, fue sacada de su casa el 13 de abril de 2011, cuando tenía 19 años. Estaba casada con un militar de las fuerzas especiales que había sido trasladado de Sonora a Tlacolula de Matamoros, Oaxaca un mes atrás.
"La torturaron 10 días, la violaron el mismo tiempo", dijo Margarita.
En Lázaro Cárdenas tenía un negocio de maquinaria pesada y también tuvo que mudarse a la Ciudad de México por amenazas.
Pensó que porque su hija era esposa de un miliar tendría más garantías, pero tuvo que pagar informantes del Ejército, la Policía, el Ministerio Público y de la misma delincuencia organizada para seguir el rastro de Yahira. En estos 19 meses se vistió de prostituta, usó pelucas y entró a antros de Oaxaca, donde no encontró a su hija pero descubrió redes de trata de mujeres.
Hace unas semanas, después de una larga historia de sobornos y de hacer de detective, le llamaron del Ejército. “Encontramos a su hija, pero no tiene cabeza”, le dijeron. A los tres días, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) le confirmaron que Yahira había sido decapitada. Incluso le mostraron unas pruebas de ADN, pero Margarita quería estar segura, así que pidió dos pruebas independientes que dieron negativo.
El FBI hizo otra prueba de ADN hace seis meses, pero ella desconoce los resultados. Este lunes, el gobierno mexicano le prometió que tendrá los resultados de la agencia estadounidense y que el Equipo Argentino de Antropología Forense hará otra prueba y cotejará las anteriores, tal como ella lo pidió.