El gobierno de Puebla rechaza entregar alegatos de demanda a periodistas

El gobierno de Puebla rechazó entregar los argumentos por los que presentó una demanda por la vía civil “por abuso a la libertad de expresión” contra dos periodistas locales.

Este miércoles en la primera audiencia en la que el juez cuarto de lo civil, Armando Pérez Acevedo, citó al columnista del diario El Heraldo de Puebla, Adrián Ruiz, la parte acusatoria no quiso entregar al abogado del periodista los alegatos que utilizó para presentar la querella en su contra el 23 de octubre.

“La primera audiencia conciliatoria se difirió (se suspendió por falta de acuerdos). Se fijó como nueva fecha el 28 de noviembre para ver si llegamos a algún acuerdo. Lo que ellos (el gobierno) nos piden es ya dejar hasta aquí el tema y no llegar a juicio”, reveló el abogado del periodista, Rodolfo Aragón a CNNMéxico.

La propuesta del vocero del gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas, Sergio Ramírez Robles y la abogada del área que encabeza, Gabriela Armenta, hace pensar al defensor del periodista que no existe una demanda como tal, ya que ni siquiera él ha podido tener acceso al expediente para conocer los argumentos que utilizó  el gobierno local para presentar la querella , lo que le permitiría, dijo, defender a su cliente.

“Ellos (el gobierno) ya ni siquiera buscan que yo me disculpe públicamente  como lo solicitaron en un inicio . En esta audiencia nos pidieron dar por terminado el juicio. Por eso, yo dudo que realmente hayan presentado esa demanda. Para mí, todo fue un show”, consideró Adrián Ruiz en entrevista con CNNMéxico.

Ruiz labora en un medio propiedad del empresario Ricardo Henaine Mezher, quien ha calificado en varias ocasiones el gobernador Moreno Valle como el principal benefactor de la administración pasada que encabezó el priista Mario Marín Torres (2005-2010). El abogado que lo defiende es el defensor oficial de los asuntos del dueño del diario en la que trabaja.

“Yo realmente lo estoy pensando (en aceptar que el juicio termine o siga). Mi abogado me dice que como yo quiera. Yo, lo que pienso es que podemos contrademandar porque estoy seguro que ellos no cuentan con ningún argumento; por eso, quieren que termine el juicio. Tengo de aquí al miércoles para tomar una decisión. No se aún si aceptar lo que proponen o decirle a mi abogado que le demos continuidad y llegar hasta donde se tenga que llegar”, agregó el columnista del espacio La Entrega.

Al final de este primer encuentro que duró cerca de una hora, el vocero del gobierno estatal, Sergio Ramírez Robles aseguró en entrevista con medios locales que, de hoy hasta antes del miércoles 28 de noviembre, -fecha de la segunda cita- ambas partes llevarán a cabo pláticas con el fin de llegar ese día a plantear una solución ante el juez correspondiente.

“Las dos partes determinaron diferir la audiencia  para llegar a una conciliación (…) Vamos a hacer un trabajo conciliatorio para poder reunirse la próxima semana para plantear un acuerdo. Vamos a llevar a cabo pláticas conciliatorias”, comentó.

Cuestionado sobre qué textos de este columnista fue lo que orilló presentar una demanda civil en contra, el vocero evitó dar a conocer los argumentos, pretextando que esa parte se discutirá en el encuentro programado para la semana entrante.

-¿Qué tiempo tardaría para que el columnista acepte ofrecer una disculpa pública? Se le cuestionó.

-Nadie está pidiendo (una disculpa pública) (…) Estamos trabajando en un proceso conciliatorio. Nos vamos a ver la próxima semana para ver a qué acuerdo llegamos.

En entrevistas pasadas, Ramírez Robles declaró que los dos primeros periodistas denunciados incurrieron en “excesos” al dañar la “moral” de funcionarios que integran el gabinete de Moreno Valle, y que incluso el departamento jurídico del gobierno local analizaba presentar más denuncias contra otros reporteros y columnistas.

En ninguna de las entrevistas que ha cedido a la prensa ha querido revelar qué palabras, columnas o notas informativas ofendieron a esos funcionarios. Solo ha indicado, que algunos de los periodistas han denostado hasta en más de 80 ocasiones.

“Pedimos: si se dijo una mentira, que se pida una disculpa pública, me parece que eso de ninguna forma se violenta la libertad de expresión, me parece que todos tenemos derechos, pero los derechos de una persona terminan cuando vulneran los derechos de otros”, declaró el gobernador poblano a medios locales el 24 de octubre, un día después de que el vocero presentara las dos demandas.

Ahora, la parte acusatoria busca desistir de esas querellas, según confirmó la parte demandada a CNNMéxico.

La sanción, era  retractarse

El día en que  Sergio Ramírez Robles demandó a Adrián Ruiz, y al director general del portal de noticias Contraparte Informativa, Fabián Gómez Hernández informó en un comunicado de prensa que “en las demandas se asienta que los implicados violaron sistemáticamente los artículos 1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, Sexto y Séptimo de la Constitución General de la República”.

Y que aunque la ley local marca una sanción económica por el delito de “daño moral”, el gobierno no busca una sanción económica a los medios, sino una disculpa, “pues no permitirá la mentira constante, la calumnia y la difamación como un método de presión para buscar prebendas económicas", según declaraciones pasadas del gobernador.

El artículo 1958 del Código Civil estatal define al daño moral como "(...) la afectación que una persona sufre en sus afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas (...)”

En el boletín que Ramírez Robles envió a medios locales en su momento, especificó que fue condonada la multa que la ley en Puebla establece en caso de cometer un “daño moral”, y que únicamente solicita la reparación del daño a través de la publicación de un extracto de la sentencia del juez civil.

En 2011, el Congreso local aprobó por unanimidad reformar los artículos del 357 al 372 del Código de Defensa Social, que estipulaban pena corporal a quienes cometieran calumnia y difamación, y se sustituyó esa sanción por indemnización a la víctima por hasta 3,000 salarios mínimos (171,100 pesos aproximadamente) por "daño moral", que fueron incluidas en el Código Civil del estado.

En el caso del otro periodista demandado, Fabián Gómez Hernández, hasta el momento también desconoce los motivos. Aseguró a CNNMéxico que no ha recibido notificación, ni tampoco un citatorio para que se pueda dar una conciliación con la vocería.

CNNMéxico buscó conocer si realmente existen esas dos demandas, pero el juez Cuarto de lo Civil, Armando Pérez Acevedo se negó a una entrevista.