Nuevo León se enfrenta a la identificación de víctimas sin restos
La Procuraduría General de Justicia en Nuevo León (PGJ) reconocieron junto con organizaciones civiles del estado que los restos de víctimas del crimen organizado no se pueden recuperar debido a que los delincuentes se deshacen de ellos incinerándolos o disolviéndolos en ácido.
Desde junio de 2011 las organizaciones Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos (Cadhac) y Lucha por Verdad, Amor y Justicia (Lupa) presentaron más de 200 casos de desaparecidos ante la Procuraduría, de ese estado en el norte del país.
En respuesta, el procurador Adrián de la Garza creó un equipo de trabajo entre agentes de la dependencia y las familias de los desaparecidos, el cual ha mantenido reuniones periódicas cada mes y medio para revisar los avances en las indagatorias.
Este miércoles la procuraduría anunció la consignación de 33 presuntos miembros del crimen organizado acusados de secuestrar a 43 personas cuyos restos no se pueden recuperar, en el marco de la onceava reunión entre las autoridades y miembros de las organizaciones civiles.
En la reunión participaron los coordinadores de las organizaciones, agentes del ministerio público y los familiares, ahí se revisaron 42 casos de personas desaparecidas.
“En esta ocasión se presentaron nueve casos donde se consignaron a los presuntos responsables y se les está procesando por cometer el secuestro de las personas”, dijo Javier Flores Saldívar, subprocurador de Ministerios Públicos.
Destacó que los delincuentes consignados confesaron que ellos solo fueron los responsables de privar de la libertad a las víctimas para entregarlos a un grupo delictivo, pero que aún no se captura a los miembros de esos grupos.
“La detención reciente de bandas del crimen organizado contribuyó a consignar a los responsables, ya que cada vez que son capturados se les interroga sobre privaciones de la libertad y en algunos casos nos proporcionan información de esta naturaleza”, precisó Flores Saldívar.
Consuelo Morales, directora de Cadhac, informó que en los próximos días darán a conocer más casos nuevos y pidió a las familias aportar pruebas sobre la desaparición de sus familiares.
“Con la sesión anterior se avanzó en 24 consignaciones. Esto significa que las familias deben redoblar sus acciones para que en el proceso penal de los detenidos llegue a una sentencia”, enfatizó Morales.
“Cuando lleguemos a una sentencia podremos decir que se ha cerrado el caso”, concluyó.
El Congreso de Nuevo León aprobó el 13 de noviembre un dictamen para tipificar el delito de la desaparición forzada, reportaron Cadhac y diputados locales.
En un reporte que dio a conocer el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, a finales de 2011, se indicó que la ausencia de tipificación sobre la desaparición forzada en la mayoría de los estados de México contribuía a la impunidad.
En mayo de 2012 fueron encontrados 49 cuerpos a los que les cortaron la cabeza y las extremidades, otra forma para evitar su identificación, informó en ese momento el procurador de Justicia del estado, Adrián de la Garza.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado más de 5,000 desapariciones en el gobierno que está por concluir el 1 de diciembre.
En el estado de Nuevo León ha ocurrido un aumento en los niveles de violencia por la disputa entre grupos criminales del narcotráfico, como Los Zetas y el cártel del Pacífico.
