Los reclamos por derechos humanos marcan 'el adiós' de García Luna
Genaro García Luna realizó la última defensa de su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en medio de reclamos de senadores por el desempeño de la dependencia y de la polémica generada por las declaraciones de un presunto delincuente que lo acusa de tener vínculos con el crimen.
El funcionario compareció ante el Senado mexicano este jueves —a solo dos días de que termine funciones el actual gobierno federal— para responder por qué la SSP no ha aceptado algunas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Desde su primera intervención, el secretario señaló que la SSP ha atendido la mayoría de las 45 recomendaciones que ha recibido desde 2006, al inicio del sexenio del presidente Felipe Calderón.
Acerca de las cuatro por las que fue cuestionado, en las que policías federales presuntamente incurrieron en violaciones a derechos humanos, García Luna dijo que tres —de 2010, 2011 y 2012— no fueron aceptadas porque agentes de la SSP en realidad no estuvieron involucrados en los hechos denunciados.
Agregó que la cuarta recomendación, relativa a un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y manifestantes en Ayotzinapa, Guerrero, fue atendida "en su totalidad".
Algunos senadores, sin embargo, rechazaron las respuestas del funcionario.
Fidel Demédicis, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que policías federales sí participaron en el caso del joven Jethro Ramsés Sánchez , detenido por agentes y asesinado por militares en el estado de Morelos. El caso derivó en una recomendación de la CNDH este año.
Angélica de la Peña, también perredista, señaló que la SSP no ha atendido debidamente la recomendación por el caso Ayotzinapa y que deben establecerse protocolos para que cuerpos policiales eviten el uso excesivo de la fuerza.
Los hechos reclamados ocurrieron en diciembre de 2011, cuando policías federales y estatales dispararon para contener una manifestación de estudiantes en una autopista.
Al respecto, García Luna aseguró estar de acuerdo con De la Peña. "México debe tener una legislación que determine el alcance de las autoridades en esas situaciones", dijo.
Antes de la comparecencia, el senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, informó a los medios que los legisladores acordaron hablar con García Luna únicamente de derechos humanos y no de otros temas, como los señalamientos del presunto narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie , que en una carta publicada en el diario Reforma acusó de corrupción al secretario.
Las declaraciones de Valdez Villarreal, que la SSP rechazó, fueron descalificadas por Fayad, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
"No compartimos en esta institución ni como personas que las declaraciones de los delincuentes que están siendo procesados, y que han sido detenidos por las mismas instituciones, puedan tener más valor que la palabra de quienes representan a las instituciones", dijo.
El tema, sin embargo, fue retomado durante la comparecencia.
Layda Sansores, del partido de izquierda Movimiento Ciudadano, dijo que García Luna es "muy hábil" para ocultar información que lo perjudica e incluso describió a la SSP como "un cártel".
El comentario generó un breve enfrentamiento entre Fayad y Sansores, luego de que el priista pidiera a la senadora centrarse en el tema de los derechos humanos y ambos alzaran la voz.
La sesión también fue interrumpida en dos ocasiones por el Javier Herrera Valles, un excomandante de la Policía Federal que, desde su lugar, señaló que funcionarios de la SSP violaron sus derechos cuando fue acusado y detenido por presuntos vínculos con el crimen.
Al final de la comparecencia, Herrera Valles —absuelto por un juez en septiembre tras pasar tres años en prisión— dijo a medios que su encarcelamiento fue una represalia de García Luna porque él "lo denunció con el presidente" por cometer irregularidades en la SSP.
García Luna se fue del Senado sin hablar con periodistas.
La senadora Sansores, en tanto, consideró insuficientes las respuestas ofrecidas por el funcionario.
"El secretario de Seguridad, por todos estos hechos y sobre todo cuando son tan delicados, es quien debe asumir su responsabilidad públicamente, y ya desde hace tiempo que debió haber renunciado porque ha habido fallas muy importantes", dijo.
García Luna ha sido funcionario en instituciones de seguridad desde la década de los 90. A pesar de las críticas en su contra, el presidente y otros gobiernos de América Latina han reconocido su labor en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, apenas en septiembre pasado, él, la procuradora Marisela Morales y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, recibieron críticas de senadores por la estrategia gubernamental anticrimen.