Peña Nieto retira la controversia interpuesta contra la Ley de Víctimas
La presidencia de México presentó su desistimiento formal de la controversia constitucional que había interpuesto sobre la Ley de Víctimas, la ley que había aprobado el Congreso para proteger a las víctimas de la violencia y que el gobierno de Felipe Calderón había impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tal como lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje inaugural, el gobierno federal presentó ante la SCJN su solicitud para frenar la demanda de controversia constitucional que habría de procesar el ministro Sergio Valls Hernández para exponerlo ante los otros 10 ministros.
Este miércoles, el documento de desistimiento fue entregado a la Oficialía de Partes de la SCJN para que se retirara la petición que hizo el gobierno federal el 19 de julio en el que pedía la intervención de la Corte para que determinara si se debía o no promulgar la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas, reportó la agencia Notimex.
El conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso surgió luego de que el gobierno de Calderón envió observaciones a los legisladores que aprobaron la ley, objeciones que el Congreso determinó que fueron presentadas de fuera del tiempo marcado por la Constitución, cuestión que negaba el gobierno federal y de ahí que presentara la controversia.
La SCJN ya había concedido una suspensión para que no fuera promulgada hasta que la controversia fuera analizada por los ministros; sin embargo, el presidente Peña Nieto mencionó que entre sus primeras 13 decisiones de gobierno estaría retirar la controversia para que la ley sea promulgada.
Peña Nieto explicó que, aunque la Ley de Víctimas es perfectible, su intención es que se promulgue para proteger a las víctimas y personas en riesgo por la violencia en el país, una petición de ley que habían pugnado grupos de promoción de los derechos humanos como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Ese grupo de activistas, encabezado por el poeta Javier Sicilia, había solicitado en 2011 durante los Diálogos por la Paz con el presidente Calderón y legisladores federales que se crearan mecanismos para proteger a quienes han sido víctimas de la violencia que genera la delincuencia organizada en el país, así como la protección de los derechos humanos.