El IFAI ordena revelar nombres de funcionarios de Migración sancionados
La Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable de vigilar el desempeño del gobierno federal de México, deberá revelar qué funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido sancionados por cometer violaciones a los derechos humanos de 2010 a julio de 2012, según una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
El instituto de transparencia ordenó que la SFP dé a conocer los nombres de esos servidores públicos, las faltas que cometieron y cuándo ocurrieron, las sanciones que recibieron y sus situaciones laborales actuales, informó el propio IFAI este sábado en un comunicado.
La resolución derivó de la solicitud que un ciudadano hizo a la SFP sobre esa información.
Según el IFAI, la secretaría argumentó en principio que esos datos eran inexistentes, pues no había encontrado en el INM registro de procedimientos de responsabilidad administrativa contra sus funcionarios.
El ciudadano que pidió la información se inconformó con la respuesta, que fue revisada por el IFAI.
A propuesta de la comisionada Sigrid Arzt —una de los cinco integrantes del pleno del IFAI—, el instituto determinó por unanimidad que había “elementos convincentes” para concluir que sí existen esos datos, debido a que la SFP tiene conocimiento de quejas y sanciones impuestas a servidores públicos del INM.
Por ello, tanto el INM como la SFP tendrán que buscar y difundir la información sobre los funcionarios sancionados.
El INM, responsable de aplicar la política migratoria en México, depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), la más importante del gabinete presidencial.
Durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), que terminó el pasado 30 de noviembre, el INM recibió quejas de organizaciones civiles y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas faltas cometidas por su personal en contra de los migrantes indocumentados que llegan al país.
El sacerdote Alejandro Solalinde, reconocido esta semana con el Premio Nacional de Derechos Humanos , afirma que algunos funcionarios del INM cometen abusos contra migrantes o colaboran con grupos delictivos para extorsionarlos.