Organizaciones civiles presentan propuesta de código penal a senadores
Un grupo de organizaciones civiles entregó este martes al Senado mexicano una agenda legislativa en seguridad y justicia, en la que destaca una propuesta para crear un código federal único de procedimientos penales.
El documento fue entregado por la activista Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, quien señaló que el propósito del texto es generar criterios para la atención de delitos en todo México.
"Nos gustaría contar con una base mínima en ciertos delitos", dijo Miranda de Wallace durante una reunión con senadores de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia de la Cámara alta.
El encuentro se realizó un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentara su plan de combate a la delincuencia.
Semanas atrás, durante su toma de posesión de la presidencia, Peña Nieto anunció que una de las acciones clave de su gobierno será proponer un código penal único para el país.
Miranda de Wallace —que en julio fue candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de la Ciudad de México— dijo que la propuesta entregada a los senadores se fundamenta en la Constitución y el respeto a los derechos humanos.
El documento incluye temas como la coordinación entre autoridades de distintos niveles en la investigación de delitos, las facultades de las Fuerzas Armadas como auxiliares de una indagatoria, así como los derechos de víctimas y acusados.
La activista agregó que la propuesta tiene "respeto a la autonomía de cada estado", por lo que deja un apartado para que cada entidad agregue en su legislación local artículos sobre delitos particulares.
"El Poder Legislativo tiene en sus manos una gran parte de la solución al problema de seguridad", dijo en su turno Héctor Larios Santillán, coordinador del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad.
La agenda que las organizaciones civiles entregaron al Senado incluye planteamientos sobre combate al secuestro y a la trata de personas, reglas sobre el consumo de pequeñas cantidades de droga y acciones para mejorar el funcionamiento de las cárceles.
Varios de los asistentes también se pronunciaron por que los senadores revisen cómo ha avanzado la implementación de la reforma judicial de 2008, con la que inició un periodo de ocho años para que el sistema de justicia transite de un modelo inquisitorial —basado en expedientes escritos— a uno acusatorio —basado en juicios orales.
"Se trata de pasar de este sistema inquisitorial (...) a un sistema más eficiente", dijo Leopoldo Maldonado, del Centro Prodh.
Orlando Camacho, representante de la asociación México SOS que encabeza el empresario Alejandro Martí, pidió a los senadores un "compromiso serio" para revisar las propuestas de las organizaciones.
Algunas de las agrupaciones que participaron en la reunión fueron el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Alto al Secuestro, México SOS, México Evalúa, Fundar y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El panista Roberto Gil Zuarth y el priista Omar Fayad, presidentes de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública, respectivamente, se comprometieron a revisar las propuestas e instalar mesas que les den seguimiento y puedan convertirlas en iniciativas de ley.
Durante el gobierno anterior, que presidió Felipe Calderón (2006-2012), varios activistas y académicos llamaron a las autoridades a modificar la estrategia de combate a la delincuencia, porque consideraban que fomentaba la violencia en el país.
Entre diciembre de 2006 y julio de 2011, más de 47,000 personas murieron en acciones derivadas de la delincuencia, según cifras oficiales. Algunas asociaciones civiles estiman que el número llega a 70,000 personas.