El Congreso de Chiapas aprueba un plan de austeridad por crisis
El Congreso de Chiapas aprobó la implementación de un plan de austeridad que propuso el Poder Ejecutivo, que incluye la reducción de sueldos para los trabajadores al servicio del estado y de la plantilla laboral.
Además establece un uso restringido en servicios de teléfono, vehículos y energía eléctrica, y recortes presupuestales a diversas dependencias de gobierno.
La medida ocurre después de que el gobierno de Chiapas -que entró en funciones el pasado 8 de diciembre- se declaró insolvente para pagar el sueldo a más de 95,000 trabajadores; y que más del 50% de los municipios se declaró en quiebra.
La crisis financiera también alcanzó a la iniciativa privada. Empresarios de la construcción denunciaron que, desde 2009, la administración estatal que encabezó el exgobernador Juan Sabines Guererro dejó de pagarles por la prestación de servicios, lo que obligó a la quiebra al 40% de las empresas del ramo, e impide hasta la fecha pagar el salario a sus trabajadores.
En una sesión extraordinaria, el Congreso local dio entrada el pasado sábado al decreto denominado "Medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública del estado de Chiapas", enviado por el gobernador Manuel Velasco Coello. Los legisladores lo aprobaron el mismo día.
El decreto establece que, a partir de enero de 2013, el sueldo del gobernador y de los secretarios de su administración será reducido a la mitad ; mientras que funcionarios de "alto nivel" dejarán de percibir el 25% de sus remuneraciones.
Contempla la excepción de la medida para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia.
También se establecen restricciones en el uso de teléfonos y celulares al homogenizar cuotas de uso y plantear que costos excedentes serán pagados por los usuarios de la línea. Disminuye el parque vehicular oficial, y mecanismos de ahorro en el consumo de energía eléctrica y agua.
Otras medidas son la reducción de la plantilla de personal, sobre todo en la contratación de eventuales; suprimir el pago de horas extraordinarias, excepto para quienes asumen tareas relacionadas con seguridad pública y protección ciudadana.
En la sesión del Congreso, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Emilio Salazar Farías consideró que el plan de austeridad para enfrentar los problemas financieros de Chiapas es solo una parte del proyecto de responsabilidad presupuestal y de manejo de los fondos públicos.
Dijo que falta definir el monto de ahorro que habrá con las nuevas medidas de austeridad.
Deuda con la banca
La crisis económica en Chiapas se agudizó este fin de año, aun cuando la administración de seis años del exgobernador Juan Sabines Guerrero asumió en este periodo un adeudo con la banca que, de acuerdo a la agencia evaluadora Fitch, sobrepasa los 40 millones de pesos.
Al tomar posesión Sabines Guerrero, en 2006, recibió la administración con cero adeudos a las bancas privada y de desarrollo, según el informe que presentó su predecesor, Pablo Salazar Mendiguchía.
En su periodo de gobierno, Sabines Guererro pidió diversos empréstitos, el último en noviembre pasado, por 3,870 millones de pesos, con el compromiso de que la mitad de ellos serían para que el gobierno de Velasco Coello iniciara su administración.
El gobierno entrante de Velasco Coello no ha dado a conocer el diagnóstico de las finanzas en el estado.
Sin embargo, el pasado 17 de diciembre después de una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador anunció que el gobierno federal le autorizó recursos por 700 millones de pesos para solventar los pagos de salarios y otros gastos del mes de diciembre, aunque no especificó el origen de los recursos.
