La CNDH recibió 50 quejas por agresiones contra activistas en 2012
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió de enero a noviembre de 2012 un total de 50 quejas por agresiones cometidas contra defensores civiles de los derechos humanos, informó la organización a través de un comunicado.
Las quejas fueron por presuntas violaciones al derecho a la seguridad jurídica; a la integridad y seguridad personal; a la legalidad; a la libertad y a la propiedad y posesión, informó la organización.
Las violaciones contra los defensores de los derechos humanos ocurrieron principalmente en los estados de Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca, Chihuahua y Puebla, según el comunicado.
“Los integrantes de organizaciones civiles defienden, promueven y protegen los derechos de las personas; acompañan a grupos en situación de vulnerabilidad y frecuentemente enfrentan situaciones de violencia, amenazas, secuestro, tortura, detenciones arbitrarias e incluso privación de la vida”, explicó el organismo.
Algunos de los ataques contra activistas que se registraron en 2012 fueron recopilados por la organización Amnistía Internacional, que dio a conocer su reporte a inicios de diciembre.
Entre ellos se encuentra el caso de Norma Esther Andrade, quien fue atacada en febrero con un arma punzocortante al salir de su casa al sur de la Ciudad de México, de acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en ese momento.
La activista es fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHCR), la cual surgió luego del asesinato de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en febrero de 2001.
Otro caso estuvo relacionado con las agresiones a los miembros del albergue para migrantes San Juan Diego, en Lechería, Estado de México, que tuvo que cerrar debido a que hombres armados amenazaron a sus integrantes, y a que algunos pobladores presionaron para su cierre, situaciones que nunca fueron investigadas, de acuerdo con Amnistía Internacional.
En noviembre fue asesinada la activista guerrerense Juventina Villa Mojica y su hijo, Reynaldo Santana Villa, en una emboscada ocurrida en el municipio de Coyuca de Catalán , Guerrero, en noviembre.
Villa Mojica, activista campesina, había advertido que estaba amenazada de muerte y responsabilizaba a supuestos grupos paramilitares. El asesinato provocó que cientos de habitantes de la sierra de Guerrero abandonaran sus hogares por miedo a más agresiones.
Amnistía Internacional señaló que los grupos de defensores y defensoras que mayores ataques sufren son quienes abogan por los derechos relativos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, así como los activistas por los derechos de las mujeres y de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI).
En el caso de México, AI cita los casos de las activistas Marisela Escobedo, Norma Esther Andrade, Nepomuceno Moreno Núñez y Silvia Vázquez Camacho, entre otros.
En junio, el gobierno federal que aún estaba encabezado por Felipe Calderón, ratificó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas , que conmina a las autoridades a tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores de los derechos humanos, y a los periodistas que realizan labores informativas en condiciones de inseguridad.
Ese mismo día, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reconoció la firma del decreto por parte del presidente Felipe Calderón, y pidió que se continúen los esfuerzos para que se cumplan los objetivos marcados en la ley.
“La impunidad envía una fuerte señal de que es posible asesinar periodistas y defensores sin consecuencias —dijo Pillay a través de un comunicado—. Cuando se mata a una persona que se dedica a esta actividad, no solamente resulta lastimada dicha persona, sino la población entera”, dijo en ese momento.
La CNDH informó que del 2005 a mayo de 2011 se registraron en el país 27 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos y se contabilizaron ocho desapariciones, datos contenidos en su Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México, publicado por la CNDH en julio de 2011.
