El gobierno reporta su balance de seguridad durante gestión de Peña Nieto
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que durante los primeros 30 días del gobierno de Enrique Peña Nieto se han detenido a 854 personas como parte de la estrategia contra la delincuencia organizada de la actual administración.
En un reporte de informes, el subsecretario de Normatividad de Medios de la Segob, Eduardo Sánchez, dijo que el gobierno federal reforzó la presencia de la Policía Federal en Michoacán, Coahuila y Guerrero. Además, aumentó el traslado de internos del fuero federal en penales estatales a prisiones federales en 1,619%, dijo.
Durante su discurso, el funcionario lamentó la muerte de 69 delincuentes y un servidor público en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y destacó la actuación de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal en el aseguramiento de armas y drogas.
Desde la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, se han registrado enfrentamientos armados en Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y un intento de fuga en el penal de Gómez Palacio en Durango que dejó 23 muertos, de acuerdo a información recabada por CNNMéxico.
Sánchez informó que la Armada de México destruyó 65 plantíos de marihuana, detuvo a 148 personas e incautó 28 armas de fuego. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a 579 personas, incautó 1,068 armas de fuego y aseguró más de 846,000 pesos. La Policía Federal detuvo a 127 personas, aseguró más de 1 millón de pesos y más de 470,000 dólares, dijo.
El 23 de diciembre de 2012, al menos 13 personas murieron en enfrentamientos en una zona colindante entre los estados de Jalisco y Michoacán . Ese día, la Procuraduría de Michoacán confirmó la muerte de cuatro policías del municipio de Briseñas.
También se registraron muertes por enfrentamientos en las localidades de Yurécuaro y Marcos Castellanos en Michoacán, así como en Ayotlán y Jilotlán en Jalisco.
El 25 de diciembre de 2012, hombres armados mataron al menos a nueve personas en El Platanar de los Ontiveros , un poblado ubicado en Sinaloa. Los sujetos, armados con rifles de alto poder, asesinaron a los hombres que transitaban por el pueblo, horas antes de Nochebuena.
El 2 de enero, el municipio de Marcos Castellanos en Michoacán se quedó sin policías tras la renuncia de todos los elementos a causa de ataques registrados en esa localidad y poblaciones cercanas.
El 3 de enero, soldados y supuestos delincuentes se enfrentaron a balazos en el municipio de Río Grande, en Zacatecas , cuando los militares intentaron detener la camioneta en la que viajaban los hombres armados.
El resultado fue de 12 muertos, dos de ellos mujeres, informó en ese momento el procurador general de Justicia, Arturo Nahle García.
Violencia en las prisiones
En diciembre de 2012 se registro un intento de fuga en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 2 de Gómez Palacio en Durango que dejó 23 muertos. Después del cual los internos fueron trasladados al Cereso 1 en la capital del estado.
Al respecto, el subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez, señaló que el traslado "se llevó a cabo de manera muy eficaz el 19 de diciembre pasado y se realizó sin que hubiera el más mínimo percance".
Autoridades de Durango informaron a finales de diciembre que la cárcel se convertiría en un cuartel policial y militar debido a que no existía un control de la autoridad sobre los internos y personal que ahí laboraba.
Sánchez destacó que durante diciembre de 2012, se registró un incremento de 1,619% en el traslado de internos federales de reclusorios estatales a prisiones federales, como parte del programa de reordenamiento penitenciario.
"En las cárceles ha habido en los últimos tiempos, constantemente problemas por la convivencia de reos peligrosos con reos de baja peligrosidad, reos federales con reos estatales. De manera que el reacomodo y la redistribución de los internos de estos penales, nos permite prevenir acciones delictivas que han sido de alto costo", dijo este viernes.
El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que adopten medidas o incluso elaboren una reforma para prevenir la violencia en las prisiones.
El organismo internacional de derechos humanos también pidió al gobierno mexicano investigar y sancionar a quienes hayan participado en motínes y enfrentamientos en las cárceles.