El Congreso de Jalisco adeuda salarios y prestaciones de sus trabajadores

El congreso de Jalisco debe alrededor de 600 millones de pesos en el pago de impuestos, salarios, pensiones y seguro social de los trabajadores, monto que heredó de la pasada legislatura y que coloca en riesgo sus finanzas, según estiman diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

Legisladores de ambos partidos interpusieron en diciembre pasado denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJJ), contra quien o quienes resulte responsable por el manejo indebido de los recursos y por la destrucción y/o robo de documentos relacionados a la nómina de empleados.

Las denuncias apuntan a las legislaturas 58 y 59 —aunque principalmente a esta última—, que antecedieron a la presente administración que entró en funciones el 1 de noviembre del año pasado.

“Se gastó mucho más de lo que se tenía presupuestado, se hicieron nombramientos con sueldos por encima de los tabuladores, había casos de secretarias que ganaban más de 40,000 al mes”, dijo a CNNMéxico, el diputado panista, Guillermo Martínez Mora, al explicar el origen de la deuda.

“Estamos así porque así lo heredamos de la pasada legislatura, lo que estamos viendo es que tendremos que entrar en un proceso de saneamiento financiero y administrativo de muy largo plazo”, agregó por su parte el coordinador de los diputados de MC, Clemente Castañeda.

Cinco días después de rendir protesta, la nueva legislatura creó la Comisión Especial Temporal para el Análisis, Revisión y Cotejo del Patrimonio del Congreso del Estado que detectó irregularidades en la contratación de personal y destrucción, mutilación o sustracción de documentos vinculados a la nómina.

“En la legislatura 59 se contrató un número desmedido de supernumerarios (trabajadores temporales) que costaban al erario unos 200 millones de pesos al año, si sumamos los tres años que duró esta legislatura, nos da los 600 millones que si vemos en números absolutos, es el déficit que actualmente enfrenta el congreso”, agregó Martínez Mora.

Las presuntas irregulares alcanzan también a los trabajadores de base. El informe presentado por la comisión especial refiere que se detectó una plantilla laboral de 847 empleados, de los cuales 306 eran de base, pero solo se encontró información de 219.

El análisis agrega que de los 219 empelados de base, solamente hay 211 contratos y la mayoría de los documentos que exige la ley para basificarlos no se encuentran en sus expedientes.

“Esta Comisión Temporal concluye que hay suficientes elementos para fincar responsabilidad. Por lo tanto propondremos a la Comisión de Administración y a la Asamblea Legislativa, que se finquen responsabilidades a quienes cometieron delitos tales como peculado, abuso de autoridad, sustracción de documentos, falsificación de documentos, desvío de atribuciones y facultades, entre otros”.

Con base en este informe y conclusión, los diputados de MC acudieron a la fiscalía local el pasado 17 de diciembre para denunciar el manejo irregular de documentación que justifica la contratación de los trabajadores del congreso.

Un día después Martínez Mora  hizo lo propio al acudir a la procuraduría para denunciar a quien o quienes resulten responsables por abuso de autoridad, peculado y desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones que habrían llevado al congreso de Jalisco a acumular una deuda millonaria.

La actual legislatura está integrada por 39 diputados, 17 de la Partido Revolucionario Institucional (PRI), 14 del PAN, 5 del MC, 2 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 1 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Más denuncias

Antes de estas denuncias penales, la diputada perredista Celia Fausto Lizaola, en su calidad de presidenta de la Comisión de Administración y representante laboral del Congreso para este juicio, acudió el 30 de noviembre pasado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón a interponer una demanda laboral por un caso de un trabajador que adquirió una base laboral sin cumplir con los requisitos de antigüedad y documentos necesarios.

"El peor de los cinismos recayó en el poder legislativo, el despilfarro y la problemática económica que hoy muestra el congreso no son más que el fruto de gente inexperta que se quería potencializar con proyectos políticos personales", advirtió Martínez Mora.

El presupuesto para este año del congreso local es cercano a los 570 millones de pesos, la deuda lo supera, lo que hace concluir al coordinador de los diputados de MC, que esta legislatura trabaja en número rojos.

La actual legislatura tendrá que resolver en los próximos días si autoriza o no al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, la  contratación de un crédito por 3,200 millones de pesos , para que a su vez saldé una deuda vencida por 1,400 millones de pesos.

Exdiputados piden que se aclaren acusaciones

Abraham González Uyeda, uno de los cuatro coordinadores que tuvo la bancada panista en la pasada legislatura, deslindó a su fracción de los presuntos malos manejos cometidos en la contratación de personal como acusan diputados en funciones.

"Hay responsables en las áreas administrativas del congreso que eran los que autorizaban las altas, las bajas y las basificaciones del personal y que estaba total y absolutamente lejanas a mi capacidad", dijo a CNNMéxico en entrevista.

Argumentó que durante los tres años de la 59 legislatura su bancada pidió información respecto a la situación financiera del poder legislativo y específicamente lo que ocurría con la nómina, solicitud que no fue atendida.

"El tema de la nómina fue un capítulo oscuro", admitió el exdiputado quien reconoció que los presupuestos de egresos en los que se incluyeron aumentos para el pago de nómina fueron aprobados por "el uso de la aplanadora priista".

"Recuerdo que en la aprobación del último presupuesto hubo compromisos expresos en la tribuna de que se iba a presentar el estado de las finanzas y los gastos de nómina y finalmente eso no se dio a conocer".

González Uyeda pidió a los legisladores actuales ofrecer nombres y apellidos de presuntos responsables para no acusar de manera general a quienes formaron parte de la pasada administración del congreso local.

La legislatura 59 estuvo conformada por 39 diputados, 18 de los cuales eran de la coalición PRI-Nueva Alianza, 17 del PAN, 2 del PRD y 2 del PVEM.

CNNMéxico buscó al excoordinador del PRI en esa legislatura, Roberto Marrufo, pero no fue posible localizarlo.